domingo, 1 de junio de 2014


DOS DECADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN COLOMBIA.

Por : Fabio Velasquez
         Presidente Ejecutivo del Foro Nacional por Colombia

Dos décadas de participación ciudadana: la Ley 134 de 1994 al banquillo
Hay problemas de diseño, vicios de la política y una concepción recortada de la democracia participativa, que le han quitado su eficacia. Una nueva ley -en revisión por parte de la Corte Constitucional- permitiría corregir algunos de estos problemas.
Fabio E. Velásquez C. *
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* Presidente Ejecutivo del Foro Nacional por Colombia


Apertura democrática….
La Ley 134 de 1994 está de cumpleaños. En sus dos décadas de existencia no ha producido  los resultados esperados como herramienta para el uso efectivo del derecho ciudadano a participar en las decisiones públicas. ¿Qué pasó?
La historia es sencilla: hace treinta años el Congreso institucionalizó algunos espacios de participación, y esto creó expectativas en diversos sectores hasta entonces excluidos de las instancias de decisión. Esas expectativas se transformaron en entusiasmo cuando los constituyentes en 1991 decidieron instaurar un régimen de democracia participativa. Con la Ley 134 se reglamentaron los mecanismos de participación directa, uno de los dispositivos para democratizar las decisiones públicas.
El entusiasmo fue flor de un día. Rápidamente se convirtió en descolorida ilusión y, más rápido aún, en desencanto. En realidad, los ciudadanos dieron poco uso a los dispositivos consagrados en la ley y los convirtieron prácticamente en pieza de museo. Corta vida la de una ley que respondió a un clamor popular de apertura democrática y que pudo tener otro destino si el legislador hubiera comprendido el alcance de la participación y la ciudadanía hubiera entendido el significado de la democracia participativa.
…y una ley ineficaz
La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó en 2012 el único estudio sistemático que se ha realizado en Colombia sobre los mecanismos de participación consagrados en la Ley 134. Aunque la MOE no propone  ninguna valoración de los mecanismos estudiados, sí se refiere a las críticas realizadas por líderes sociales, expertos y dirigentes políticos al diseño de la norma, así como a su “aparente fracaso”.
Fundadas o no tales críticas, lo cierto es que la 134 ha sido  ineficaz. Las estadísticas que entrega la MOE confirman esta tesis: entre 1991 y 2012 se iniciaron 130 trámites de revocatoria del mandato, de las cuales el 75 por ciento no superó la etapa de recolección de apoyos, mientras que el 25 por ciento llegó a la fase de votación, pero ninguna de ellas logró la revocatoria del respectivo alcalde.
En materia de iniciativa legislativa, hasta 2012 hubo tres de acto legislativo, ninguna de las cuales prosperó; seis de proyectos de ley, de los cuales sólo dos tuvieron éxito (la Ley 119 de 1994, con más de un millón de firmas, y la Ley 1354 de 2009 que convocó al referendo de la segunda reelección, con casi 4 millones de firmas); tres proyectos de ordenanza que fueron rechazados por las Asambleas; y cuatro proyectos de acuerdo municipal, de los cuales solamente uno fue aprobado.