LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MEDELLÍN, UNA REFLEXIÓN A MANERA DE BALANCE[1]
Yulieth Carvajal Londoño
Corporación Región
Versión : Junio 28 de 2011
EL CONTEXTO HISTÓRICO DE MEDELLÍN DESDE 1980 Y LOS
ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE TIEMPO:[2]
La historia reciente del país recuerda la década de los 80 como el
tiempo en el que se agudizó la violencia en todo el territorio nacional.
Medellín fue una de las ciudades en la que esta condición se vivió con más
fuerza, a raíz del surgimiento y la consolidación de fenómenos como el
narcotráfico, los grupos armados y las mafias ilegales. “El auge del cartel de
Medellín fue un factor determinante en la transformación del panorama de la
criminalidad urbana, pues propició la emergencia de nuevos actores de violencia,
sicarios y bandas, y la generalización de las muertes violentas, factor que
consagra pronto a Medellín como la ciudad más violenta del mundo” (Jaramillo y
otros, 1998. P. 47).
Las lógicas del narcotráfico y las violencias asociadas se instalaron en
la economía local, en las prácticas sociales y culturales, e incluso en
sectores de la clase política, algunas instancias del Estado y la gestión
pública. La situación llegó a ser tan compleja, que en 1989 la ciudad fue
declarada en emergencia social a raíz de los más de 45.000 jóvenes que habían
sido asesinados. En este mismo año “era ya evidente la infiltración de los
narcotraficantes que, por medio de la financiación de campañas electorales y
las relaciones de amistad o soborno con políticos influyentes, habían logrado
conformar en el Congreso de la República, en especial, poderosas camarillas
para promover la no extradición” (Fernández, 2002. P. 220).
La hegemonía de la violencia y la ilegalidad tuvo como correlato la
precarización de las condiciones de vida de un significativo porcentaje de
pobladores de la ciudad. La acción del Estado, además de ineficiente e
insuficiente, no lograba llegar a todos los territorios y grupos poblacionales,
algunos de los cuales encontraron en los actores criminales, por conveniencia o
por presión, la autoridad que garantizaba efímeras formas de subsistencia. A
pesar de la condición de Medellín como ciudad industrial y el protagonismo que
esto le daba en la economía del país, era evidente la insatisfacción de
necesidades básicas fundamentales y la negación de derechos sociales,
económicos y culturales de un importante número de sus habitantes, aspecto que
abarcaba desde la dificultad para tramitar necesidades fundamentales en
alimentación, salud y vestido, hasta la restricción en derechos como la
participación y el disfrute de la ciudad. El resultado: se profundizaron las
violencias, se elevaron los altos índices de corrupción y clientelismo en la
clase política dirigente y se agudizaron los profundos niveles de pobreza.
A pesar del adverso contexto y tal como venía sucediendo en varias
ciudades del país, en Medellín también se impulsaron diferentes iniciativas
sociales y comunitarias que se venían gestando desde los movimientos cívicos y
comunitarios de los 70, con prácticas organizativas, de participación y
procesos populares reivindicativos de derechos como la educación, la salud y
los equipamientos colectivos; fueron memorables en la ciudad las luchas de los
comités cívicos barriales por la construcción de escuelas y la ampliación de la
planta docente, contra el transporte sin subsidio y por la prestación de
servicios públicos domiciliarios de agua y energía.
Es precisamente en los 80 cuando en el país, en el marco del proceso de
modernización y transformación del Estado y la consiguiente apuesta por la
democratización de la nación, comienza el proceso de institucionalización de la
participación ciudadana. Para Medellín, la puerta de entrada en esta
institucionalización, que fue la reglamentación de la elección popular de alcaldes,
tuvo como correlato el aumento de las organizaciones sociales y comunitarias y
la persistencia de estas y otros procesos sociales en plantear alternativas a
la conflictiva vida social y elementos de concreción efectiva de la
participación. Las posibilidades que esta elección popular de alcaldes brindaba, era la ampliación de la baraja
política y el apalancamiento de nuevas ofertas en cuanto a candidatos y
mandatarios municipales, dando luces diferentes al ostracismo en que había
caído el sistema representativo, empeñado en el bipartidismo tradicional.
Los 90 aparecen con tintes de optimismo tanto en el país como en la
ciudad. La Constitución de 1991 se establece como un nuevo pacto político
fundamentado en el Estado Social de Derecho, definiendo la participación como
un principio constitutivo y como una función del Estado colombiano y
proponiendo orientar el desarrollo de las regiones sobre los preceptos de la
refundación de lo local, la planeación y la descentralización, asignando un rol
protagónico a los municipios como entidad territorial determinante de la vida
social, política y económica y al ciudadano como sujeto protagonista del
devenir público.
