domingo, 6 de octubre de 2013
viernes, 6 de septiembre de 2013
LA PARTICIPACION CIUDADANA EN MEDELLIN Y EXPERIENCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA ( Dos articulos )
LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MEDELLÍN, UNA REFLEXIÓN A MANERA DE BALANCE[1]
Yulieth Carvajal Londoño
Corporación Región
Versión : Junio 28 de 2011
EL CONTEXTO HISTÓRICO DE MEDELLÍN DESDE 1980 Y LOS
ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE TIEMPO:[2]
La historia reciente del país recuerda la década de los 80 como el
tiempo en el que se agudizó la violencia en todo el territorio nacional.
Medellín fue una de las ciudades en la que esta condición se vivió con más
fuerza, a raíz del surgimiento y la consolidación de fenómenos como el
narcotráfico, los grupos armados y las mafias ilegales. “El auge del cartel de
Medellín fue un factor determinante en la transformación del panorama de la
criminalidad urbana, pues propició la emergencia de nuevos actores de violencia,
sicarios y bandas, y la generalización de las muertes violentas, factor que
consagra pronto a Medellín como la ciudad más violenta del mundo” (Jaramillo y
otros, 1998. P. 47).
Las lógicas del narcotráfico y las violencias asociadas se instalaron en
la economía local, en las prácticas sociales y culturales, e incluso en
sectores de la clase política, algunas instancias del Estado y la gestión
pública. La situación llegó a ser tan compleja, que en 1989 la ciudad fue
declarada en emergencia social a raíz de los más de 45.000 jóvenes que habían
sido asesinados. En este mismo año “era ya evidente la infiltración de los
narcotraficantes que, por medio de la financiación de campañas electorales y
las relaciones de amistad o soborno con políticos influyentes, habían logrado
conformar en el Congreso de la República, en especial, poderosas camarillas
para promover la no extradición” (Fernández, 2002. P. 220).
La hegemonía de la violencia y la ilegalidad tuvo como correlato la
precarización de las condiciones de vida de un significativo porcentaje de
pobladores de la ciudad. La acción del Estado, además de ineficiente e
insuficiente, no lograba llegar a todos los territorios y grupos poblacionales,
algunos de los cuales encontraron en los actores criminales, por conveniencia o
por presión, la autoridad que garantizaba efímeras formas de subsistencia. A
pesar de la condición de Medellín como ciudad industrial y el protagonismo que
esto le daba en la economía del país, era evidente la insatisfacción de
necesidades básicas fundamentales y la negación de derechos sociales,
económicos y culturales de un importante número de sus habitantes, aspecto que
abarcaba desde la dificultad para tramitar necesidades fundamentales en
alimentación, salud y vestido, hasta la restricción en derechos como la
participación y el disfrute de la ciudad. El resultado: se profundizaron las
violencias, se elevaron los altos índices de corrupción y clientelismo en la
clase política dirigente y se agudizaron los profundos niveles de pobreza.
A pesar del adverso contexto y tal como venía sucediendo en varias
ciudades del país, en Medellín también se impulsaron diferentes iniciativas
sociales y comunitarias que se venían gestando desde los movimientos cívicos y
comunitarios de los 70, con prácticas organizativas, de participación y
procesos populares reivindicativos de derechos como la educación, la salud y
los equipamientos colectivos; fueron memorables en la ciudad las luchas de los
comités cívicos barriales por la construcción de escuelas y la ampliación de la
planta docente, contra el transporte sin subsidio y por la prestación de
servicios públicos domiciliarios de agua y energía.
Es precisamente en los 80 cuando en el país, en el marco del proceso de
modernización y transformación del Estado y la consiguiente apuesta por la
democratización de la nación, comienza el proceso de institucionalización de la
participación ciudadana. Para Medellín, la puerta de entrada en esta
institucionalización, que fue la reglamentación de la elección popular de alcaldes,
tuvo como correlato el aumento de las organizaciones sociales y comunitarias y
la persistencia de estas y otros procesos sociales en plantear alternativas a
la conflictiva vida social y elementos de concreción efectiva de la
participación. Las posibilidades que esta elección popular de alcaldes brindaba, era la ampliación de la baraja
política y el apalancamiento de nuevas ofertas en cuanto a candidatos y
mandatarios municipales, dando luces diferentes al ostracismo en que había
caído el sistema representativo, empeñado en el bipartidismo tradicional.
Los 90 aparecen con tintes de optimismo tanto en el país como en la
ciudad. La Constitución de 1991 se establece como un nuevo pacto político
fundamentado en el Estado Social de Derecho, definiendo la participación como
un principio constitutivo y como una función del Estado colombiano y
proponiendo orientar el desarrollo de las regiones sobre los preceptos de la
refundación de lo local, la planeación y la descentralización, asignando un rol
protagónico a los municipios como entidad territorial determinante de la vida
social, política y económica y al ciudadano como sujeto protagonista del
devenir público.
miércoles, 4 de septiembre de 2013
lunes, 2 de septiembre de 2013
Conversatorio con los Profesores Marcelo Sanchez Oro - Sanchez de la Universidad de Extremadura y el profesor Juan Carlos Monedero de la Universidad Complutense de Madrid.
Informacion :
El conversatorio estaba programado para el dia jueves 29 de Agosto de 2.013 y, lamentablemente no se pudo llevar a cabo, debido a la realizacion de las marchas de protesta en la ciudad, relacionadas con el paro agrario nacional y los problemas de movilidad que se presentaron durante el dia.
Se hace la invitacion a todos los miembros de Gecipap, para que ingresen a estas dos o tres direcciones electronicas :
a) La que está referida al grupo de Desarrollo Local y Sostenible de la Universidad de Extremadura, España, DELSOS, que dirige el profesor Marcelo Sanchez Oro - Sanchez, quien a su vez es el presidente de la Asociacion de Ciencias Sociales de Extremadura ( Acise )
Seguir esta ruta :
www.unex.es/ ( digitar en Google )
Ir luego a la pestaña : " Investigacion " y despues buscar en : Grupos de Investigacion, el que corresponda a Grupo de Desarrollo Local y Sostenible. DELSOS.
Tambien puede digitar en Google :
www.unex.es/investigacion/grupos/desrural
b ) La pagina personal del profesor Juan Carlos Monedero de la Universidad Complutense de Madrid.
Digitar en Google :
http://www.juancarlosmonedero.org
NOTA : La conferencia del profesor Marcelo Sanchez Oro Sanchez, dictada en el segundo encuentro de los miembros de la Red Redcipap, del martes 27 de Agosto de 2.013, se incluirá en la pagina Web de Redcipap, puesto que fue organizada desde alli.
miércoles, 21 de agosto de 2013
LA EDUCACION PUBLICA : UN DERECHO SOCIAL DE CIUDADANIA
Por Victor Perez Vera. Rector Universidad de Chile
LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UN DERECHO SOCIAL DE CIUDADANÍA
Discurso para la Inauguración del Año Académico 2013
Víctor Pérez Vera, Rector Universidad de Chile
1.- Ser estudiante del siglo XXI en
la Universidad de Chile.
La ceremonia que
hoy día realizamos tiene dos sentidos profundos, por un lado el acoger y dar la
bienvenida a las y los estudiantes que, a partir de este 2013, pasan a formar
parte de nuestra comunidad académica y junto a ello asumen una identidad
que los marcará durante todas sus vidas. Por el otro, inaugurar un nuevo año
académico, y con ello la puesta en marcha de las actividades de docencia
superior, investigación, creación y extensión que nos son comunes y por las
cuales nos desarrollamos y nos proyectamos en la vida nacional.
Les damos la
bienvenida con el orgullo de ser la universidad número 1 en el país cualquiera
que sea el indicador de productividad académica que se utilice; ubicada en el
número 10 en Latinoamérica, número 23 a nivel Iberoamericano, y 421 a nivel
mundial, según el ranking internacional SCimago que sólo considera la
productividad en investigación.
Ser una o un alumno
de la Universidad de Chile en el siglo XXI constituye, a mi modo de ver, un
desafío y una esperanza.
En el primer caso,
es enfrentarse a una institución educativa que lucha por su excelencia en medio
de condiciones adversas; una excelencia que se construye, justamente en la
interacción dialógica entre académicos y académicas y estudiantes en vistas a
producir el conocimiento. Pero es un reto, asimismo, para los jóvenes que
también debaten su identidad entre un modelo social que concibe a los sujetos
como clientes y consumidores, y las impugnaciones contra ese modo de
autocomprenderse. También se encuentran en la disyuntiva de asumirse como
personas que se incorporan a una Universidad pública con historia, en un
momento social en que la historia, precisamente ella, comienza a borrarse de
los discursos para dar paso a la inmediatez de lo desechable, de lo
"nuevo" como valor más que cultural, de mercado. Por otro lado, los y
las estudiantes de la Universidad de Chile del siglo XXI han nacido en medio de
cambios en las tecnologías de la comunicación humana y en una creciente
sociedad del conocimiento, aunque en Chile distribuidas desigualmente. Han
crecido en un Chile que superó una dictadura y comenzó un proceso
democratizador de las relaciones sociales y de las instituciones, pero que al
mismo tiempo profundizó un proyecto neoliberal en lo económico que ha
naturalizado las brechas entre ricos y pobres, y junto a ello una lógica que
deriva en concebir las iniquidades como parte inevitable del sistema de
desarrollo.
A la esperanza que
representan, y han representado en el tiempo, los jóvenes para nuestra
comunidad, la Universidad de Chile del siglo XXI responde con un significado
contemporáneo al habitar el mundo de manera humana, digna y equitativa. Ello
supone una lectura crítica, fundada y propositiva a los cambios sociales. La
inclusión de las diferencias de género, étnicas, generacionales, entre otras
desatan las viejas amarras de las concepciones conservadoras del mundo; las
migraciones, los impactos al medio ambiente de las políticas energéticas, la
urgente necesidad de igualdad, entre otros fenómenos demandan respuestas desde
una visión de las cosas cuyo horizonte sea el respeto y la participación de lo
distinto en lo universal, de una ética que promueva el bien común, la
congregación en vez de la soledad personal como refugio a la desintegración de
los viejos lazos que nos han tornado en humanos.
Esta es la Universidad
de Chile que hoy da la bienvenida a sus nuevos y nuevas estudiantes.
2.- La educación pública: un derecho
social de ciudadanía.
Los chilenos y
chilenas nos encontramos hoy discutiendo, como no lo hemos hecho en al menos
dos décadas, cómo queremos que nuestro país sea en el futuro, cuál es el Chile
que queremos dejarle a nuestros hijos.
En la superficie,
lo que está en discusión es el problema de la educación pública. Pero en
realidad, el problema de la educación pública es el problema de lo público de
la educación, y el problema de lo público de la educación es en realidad la
cuestión de cuál es la relevancia de lo público a secas.
Cuando lo que se
discute es la educación escolar, el problema de la educación pública es su
progresiva decadencia. Esta decadencia es un fenómeno observable desde hace ya
varios años y tiene dos dimensiones.
Una cuantitativa:
la educación pública (municipal), en lo que a números se refiere, está en caída
libre, y 2010 fue el primer año en el que la matrícula de primero básico en la
educación municipal fue menor a la de la educación particular subvencionada.
jueves, 15 de agosto de 2013
domingo, 4 de agosto de 2013
Videos Noam Chomsky
Video : " El objetivo de la Educacion " Noam Chomsky
Video : Entrevista con Noam Chomsky
miércoles, 31 de julio de 2013
ORIENTACION PARA IR A LA PAGINA WEB DE REDCIPAP
UD. PUEDE IR A LA PAGINA WEB DE REDCIPAP, VISITANDO LA PAGINA : Redcipap.ning.com
O TAMBIEN, DIGITANDO Redcipap EN GOOGLE.
viernes, 19 de julio de 2013
Proyecto de Ley 073 de 2012
Comentarios al Proyecto de Ley
073 de 2012 Estatuto del politólogo en Colombia
1- Posiciones
iniciales:
-
A favor: es obligación del gobierno regular las
diversas actividades profesionales. Es un espacio de formalización de la función
laboral del politólogo. Abre una posibilidad concreta de hacer carrera con el
Estado. Focaliza el desempeño laboral del politólogo.
-
En contra: una entidad gubernamental no debería
definir la calidad de los politólogos. Es un mecanismo de control de la
profesión. Propone como alternativa una comunidad politológica más activa
organizada en asociaciones profesionales libres (recordar que las asociaciones
también están reguladas).
-
Puntos intermedios: se puede regular en parte,
sin permitir que se convierta en un mecanismo de control de los politólogos.
2- No
hay un diagnóstico de la profesión en Colombia. No hay un mapa de actores con
las posiciones del gobierno, de las universidades públicas, de las privadas, de
ACCPOL y otras asociaciones (ejemplo APPA), de los estudiantes, entre otros. ¿Cuántos
politólogos somos? ¿Cuántas universidades enseñan Ciencia Política, qué tipo de
C. P. y en qué condiciones y con qué docentes? ¿en qué ámbitos se desempeñan
los politólogos hasta ahora graduados? ¿los politólogos queremos ser regulados?
¿cuál es la situación de ACCPOL? ¿qué papel podría jugar ACCPOL en el marco del
proyecto de Ley 073 de 2012?
3- Comparar
con otras regulaciones, por ejemplo Administración Pública y Trabajo Social,
con las cuales hay una cierta cercanía y una posible competencia en materia
laboral. Teniendo en cuenta la naturaleza de la Ciencia Política y que en parte
a los politólogos les corresponde la no agradable tarea de “hablar la verdad al
poder” (Speaking truth to power, el título de un famoso libro de Aaron
Wildavsky sobre Análisis de Políticas Públicas).
4- Definición
de Ciencia Política. La definición que asume la ley no es unívoca ni convoca
unanimidad entre la comunidad politológica nacional. Comparar con otras y
elaborar una mejor y más incluyente o eliminar una definición de la profesión,
como la legislación similar lo hace en cuanto a la Administración Pública y el
Trabajo Social.
5- Las
funciones del politólogo. Si se fuera a conservar la idea del ámbito público y
privado, habría que agregar el ámbito social. Para considerar ámbitos de
desempeño podría tenerse en cuenta la lista de APSA. Pero además es demasiado
ambicioso esperar que los politólogos podemos desempeñar tan amplio ámbito de
actividades. Bastaría preguntar a los politólogos en formación si la carrera
les ofrece la posibilidad de salir con dominio de alguna de las funciones
enumeradas. Otro asunto es que muchas de las funciones asignadas en el ámbito
estatal son competidas con otras profesiones por ejemplo la Administración
Pública, con quienes de entrada tendríamos desventaja, por la misma naturaleza
de la formación en cada una de las dos profesiones, sin dejar de considerar que
en parte es un logro que se considere explícitamente la profesión de politólogo
en las convocatorias gubernamentales. De todos modos de dejarse explícitamente
los ámbitos de acción del politólogo habría que discutirlos más en profundidad,
para eliminar algunos que son pretenciosos y muy generales e incluir otros más
específicos como por ejemplo, análisis de factibilidad política, gestión de
proyectos y análisis de riesgos en el sector privado, entre otros. Si se decide
remitirse a campos más generales podría tenerse en cuenta el modelo de la
normatividad de la Administración Pública, bastante austera en su presentación
del campo de acción.
6- Colegio
Nacional de Politólogos. Considerar la noción e implicaciones de denominarlo
como Colegio, también podría ser Consejo (como para el caso de Trabajo Social).
Muy pobre la propuesta de conformación del CNP. ¿Por qué MINEDUCACIÓN? ¿por qué
no otros Ministerios de mayor interés politológico? Sobre los representantes de
las universidades, ¿cuál sería su proceso de selección? ¿de dónde saldrían?
¿qué papel podría jugar ACCPOL en ese proceso? Lo mismo en relación con los
egresados, además incluir representación de los estudiantes sería un elemento
nuevo a considerar. Incluir representación de ACCPOL. Diseñar mecanismos para
evitar el predomino de algunas facultades de Ciencia Política que puedan
monopolizar los procesos de toma de decisiones.
7- Funciones
del CNP. Se le da énfasis a funciones punitivas y no se menciona ninguna
relacionada con el fortalecimiento de la disciplina, como por ejemplo, la
organización de eventos que den cuenta de la situación de la C. P. en el país y
en otros países, el establecimiento de relaciones internacionales con CNP o las
partes correspondientes en otros países, y hacer publicaciones sobre el papel
de la C. P. en diversos ámbitos profesionales. Muy complicado y en parte
“peligroso” el tema de asignarle la expedición de certificados de antecedentes
disciplinarios y el tema de actuar como tribunal de ética y cobrar multas a
quienes violen el código de ética. Complicado hacer depender la creación de
asociaciones del CNP, contraproducente para la libre asociación.
8- Financiamiento
del CNP. Si no hay un diagnóstico del número de politólogos y la seguridad de
su vinculación al CNP, no se sabe cuánto tendrá anualmente para financiarse. Y
dejar en manos de posibles multas por comportamiento contra el código de ética,
parece bastante riesgoso. Esta función deslegitima el CNP. En principio parecen
insuficientes las fuentes de financiamiento, habrá que explorar otras.
9- Causales
de pérdida de la tarjeta. Mucho cuidado puesto que la profesión de politólogo
es de una naturaleza muy diferente a las demás, parte de su compromiso es decir
la verdad al poder (Wildavsky), y el CNP no puede convertirse en mecanismo de
control para evitar la confrontación de argumentos y opiniones contrarias a las
que en su momento estén en el poder o sea necesario manifestar en sociedades
plurales y democracias representativas como las que nos soportan.
10- Mejorar
la exposición de motivos, la justificación de la ley y la legitimidad de la
misma, básicamente elaborando un mejor diagnóstico de la profesión y
garantizando un proceso amplio de deliberación que incluya todos los actores y
todas las posiciones, en cuanto sea posible.
[1]
Profesor programa Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales,
Universidad Autónoma de Manizales UAM. Estos comentarios recogen la visión
personal sobre diversos aspectos del proyecto de ley en discusión, pero se
nutrieron especialmente gracias al aporte del profesor UAM Guillermo Calvo Mahe
y los estudiantes del curso de Políticas Públicas: Lorenza Arango, Lorena
González, Evelyn Cadavid, Victoria Jaramillo, Andrés Narváez y Jairo Vargas.
viernes, 5 de julio de 2013
Informe final Nunca Más ( dirigido por Ernesto Sabato)
Informe final Conadep ( Comision Nacional sobre la desaparicion de personas ) Argentina
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