Profesor titular Universidad nacional de Colombia sede Medellín
Doctor en Educación y Sociedad, Universidad de Sevilla, España
Miembro de GECIPAP
Con Carlos Marx, Vilfredo Pareto y Emilio Durheim entre otros, se le considera uno de los clásicos del pensamiento sociológico moderno e iniciador de las corrientes antipositivistas de las ciencias sociales, la sociología de Weber es una sociología comprensiva de carácter hermenéutica de connotaciones idealistas. Para teóricos contemporáneos de la política, como Norberto Bobbio, es el último Clásico de la filosofía política.
En los textos Economía y Sociedad y La Formación del Espíritu del Capitalismo y la Ética Protestante, dio una idea comprensiva sobre el desarrollo del mundo capitalista, estableció variables explicativas de la aparición, desarrollo y consolidación de este sistema económico y socio-político.
Otro trabajo de singular importancia para el desarrollo de las ciencias sociales en occidente, es la historia de las religiones -La religión china: Confusionismo y Taoísmo, la religión en India: la sociología del Hinduismo y del Budismo, Judaísmo antiguo-, en el cual muestra el ascendiente social, político y cultural de las religiones en el plano individual y en la formación de la conciencia colectiva de diferentes culturas tanto en occidente como en oriente.
Más que una biografía detallada de la obra de este pensador de la política quisiera en estas líneas abordar aspectos relacionados con el ámbito de lo político, a la luz de las reflexiones Weberianas consignadas en trabajos como El Político y el Científico, La Política como Profesión y La Burocracia e intentar abordar unas reflexiones sobre lo político-estadual en el contexto colombiano.
Para Weber el pensador del realismo político, la política es “aspiración a la participación en el poder, o la influencia en la distribución del poder”, los fines del poder son o altruistas o egoístas, dicha aspiración se da al interior de los Estados o de los grupos humanos, pero la política siempre está movida por intereses.
La reflexión central de lo político en Weber refiere al Estado moderno, como relación de dominación, así lo expresa en El Político y el Científico, donde califica al Estado moderno como “asociación de dominio de tipo institucional, que en el interior de un territorio ha tratado con éxito de monopolizar la coacción física legítima como instrumento de dominio”.
El pensamiento político Weberiano da cuenta de la política como servicio y en eso reconoce la tradición aristotélica, pero hace énfasis en la política como participación en el poder y como influencia, en este enfoque, nos remite a Maquiavelo, la política no sólo incorpora elementos de reflexión – ideas, pensamientos e ideologías políticas-, la política implica las múltiples y variadas pasiones humanas, incluyendo el uso de fuerza, cuya expresión más racional y legal, la ejerce el Estado de forma legítima.
Muchos de los conceptos que la moderna Ciencia Política ha incluido en sus distintas discursividades interpretativas de hechos y procesos políticos, hacen referencia a la obra de este pensador, la ética como responsabilidad social y la diferencia entre ética y política, el Estado moderno como el monopolizador legitimo de la fuerza, la burocracia como sistema de racionalización, pero igual, sistema de encuadramiento y dominación al punto que la denominó la moderna jaula de hierro.
Weber asimila el eEstado desde lo institucional, el cual define un orden racional, que tiene efectos coactivos respecto al individuo y la comunidad, parte de esa racionalidad institucional, se basa en la diferencia entre la teoría general de lo jurídico y la teoría general de lo social.
La fuerza coercitiva del estado nace de su propio poder, de allí su capacidad para monopolizar legalmente la fuerza.
Los tipos ideales Weberianos en la política como acción de dominación-tradicional, carismática y racional- se presentan de forma mezclada y compleja en la realidad, pese al esfuerzo de conceptualización y abstracción en los constructores teóricos de Weber.
Weber le apuesta a un tipo de democracia de corte plebiscitaria que refuerce el papel del líder carismático, no obstante, no desconoce que la racionalidad –tecno –legal y burocrática es la tendencia político estatal que predomina en el desarrollo de las sociedades modernas.
Weber es partidario de una democracia plebiscitaria con líder carismático, pero con contrapoderes como el peso que ejerce una burocracia racional y eficiente y un parlamento que sea capaz de controlar el desmedido poder de la burocracia.
El concepto de legitimación en Weber pasa por la asimilación que el individuo hace del poder del líder o del poder institucionalizado, como máxima de actitud propia que se internaliza, pasando del poder de hecho al poder del derecho, ese orden jurídico externo internalizado hace que los sujetos constitutivos del estado-nación acaten voluntariamente ese orden como máxima de obediencia y legitimación del poder, ello opera en cualquiera de los tipos ideales de la cosmogonía Weberiana -tradicional, carismática o racional legal-.
Los poderes institucionalizados, el superior-orden constitucional -, o el inferior- la burocracia- no pueden ser reemplazados de forma indefinida por el uso de la violencia institucional, por ello es necesario, la existencia de un estado que encuentre en el derecho su fundamento de actuación.
Weber reclama un derecho formalizado que se ejerza bajo los presupuestos de abstracción y generalización, con unas reglas de tipo liberal propias del Estado de derecho de las sociedades burguesas.
El tipo ideal de Estado burgués en Weber, pasa por el garantismo de derechos y responsabilidades respecto al ejercicio de funciones ciudadanas, es en el Estado de derecho en donde se realizan las libertades individuales de cada ciudadano, esto asemeja a Weber al pensamiento clásico liberal del siglo XIX, ello impide las tentaciones de la arbitrariedad tan propias cuando se concentra el poder político.
No obstante, el pensamiento de corte liberal de Weber, es de anotar que el líder carismático como fuente legitimadora de poder y el tipo de democracias publicitaria por la que abogaba en la Alemania de su tiempo, dio lugar al despotismo autoritario de caudillismos arbitrarios, que hicieron caso omiso a los poderes y contrapoderes de control y regulación en la concentración del poder del líder carismático.
EL ESTADO EN COLOMBIA ENTRE LA ANOMIA Y LA VIOLENCIA
En Colombia algunas de las reflexiones de tipo Weberiano cobran validez, sólo que algunos problemas relativos a la vida política, social y cultural tienen una historia, un contexto y un sentido propio.
En el marco de lo estatal apenas a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI se realizan esfuerzos fragmentarios de sectores sociales, académicos y políticos por constituir modelos democráticos, los cuales tienen que enfrentarse con estructuras y relaciones signadas por la fuerza ó la violencia, las conductas anómicas y los comportamientos delincuenciales.
Una de las “democracias de mayor estabilidad en América Latina en el siglo XX” (sólo registró un golpe de Estado en el siglo XX, y por ello es mostrada por las elites de poder como ejemplo de estabilidad política en la región), mantiene un conflicto armado histórico de más de cuatro décadas que polariza a la sociedad civil colombiana.
Este conflicto lleva al Estado a gastar ingentes recursos y recurrir a la ayuda externa para ganar la confrontación armada, los actores armados estatales y no estatales le siguen apostando al triunfo militar como principal estrategia de superación del conflicto.
La crisis humanitaria por la que atraviesa la sociedad colombiana lleva a una profunda polarización entre los diversos actores armados, la contienda bélica hace del actual conflicto una “guerra sucia” que no respeta el derecho internacional humanitario (DIH), ni las expresiones más sentidas de los derechos humanos referidos a la vida y a la dignidad de las personas.
Lo complejo de la crisis ha llevado a involucrar a la sociedad civil, la cual sufre las consecuencias del conflicto, porque este no tiene regulación ni acatamiento de ninguna normatividad jurídica ni códigos éticos que controle a los guerreros estatales y paraestatales.
La gran damnificada del conflicto armado en Colombia es la sociedad civil, la cual coloca el mayor número de victimas en lo que refiere a muertes violentas, desplazamiento, mutilación, secuestros, intimidación, reclutamiento forzoso, desaparecidos; generando la psicosis colectiva de la guerra y nutriendo un imaginario de círculo diabólico de conflicto no conciliable civilizadamente.
De otro lado, las complejas y críticas relaciones que se presentan en la sociedad civil colombiana marcan una fuerte tendencia a utilizar la violencia para dirimir conflictos ciudadanos en el marco de las relaciones cotidianas, ignorando ó desconociendo los canales institucionales, lo que lleva a una profunda desinstitucionalización y a la paraestatalización en la resolución de los conflictos ciudadanos.
Uno de los aspectos preocupantes de la actual crisis está relacionado con la frágil convivencia pacífica entre los colombianos, indicadores de convivencia internacional señalan a Colombia como país negativo respecto a esos estándares, igual calificación negativa se nos da de parte de organismos internacionales respecto al fomento, acatamiento y respeto de los derechos humanos y a los altos índices de violencia.
La búsqueda de la paz es un slogan que han levantado los gobiernos colombianos desde 1982, cuando se reconoció por vez primera la existencia del conflicto armado en Colombia; con diferentes estrategias que han oscilado entre la negociación o intento de pactos de guerreros, pasando por la negación del conflicto o el desconocimiento de los actores de la guerra, hasta la acción armada con ayuda de los EEUU de Norteamérica.
El actual régimen político encabezado por el presidente Avaro Uribe Vélez, le apuesta a la resolución del conflicto armado a través de la denominada política de seguridad democrática, la cual consiste en más hombres y armamento moderno y sofisticado para la guerra.
De otro lado, el gobierno Uribe recurre a la ayuda externa de los EEUU de Norteamérica para co-financiar el denominado Plan Patriota (que viene de su antecesor presidencial, el cual lo denominó Plan Colombia), este plan trae un doble propósito, de un lado, terminar con la subversión armada y de otro, intervenir las zonas rurales que proveen de materias primas al narcotráfico.
El actual régimen político también habla de paz con grupos irregulares armados de extrema derecha, denominados paramilitares, sólo que la negociación está cubierta de sombras al no establecer de forma clara y contundente un proyecto político y jurídico que contemple la verdad, la justicia y la reparación.
El problema central del conflicto está atravesado por la existencia del narcotráfico, todos los actores de la guerra están tocados directa o indirectamente por los efectos de este flagelo, ya sea para financiar el conflicto, para sobornar los agentes del Estado, para dotar de logística a los guerreros o para utilizar personas o grupos de la sociedad civil.
La actual coyuntura histórica de la sociedad y del Estado colombiano puede caracterizarse como crisis profunda, generando un ambiente de incertidumbre y zozobra para amplios sectores de la sociedad; pese a las declaraciones de los sectores gubernamentales que insisten en avances y desarrollos en diferentes frentes de la vida de los colombianos.
No obstante, las políticas, planes y programas de orden internacional, nacional, regional y local de sectores democráticos le apuestan desde diferentes ámbitos (familiar, escuela, cultural, ciudadano y político) a la transformación del conflicto armado y a modificar el uso de la violencia en la sociedad civil, para el establecimiento de relaciones y prácticas civilistas, pacifistas y conviventes.
La crisis política que caracteriza el actual momento histórico no puede definirse como crisis exclusiva de gobernabilidad del régimen político. Es una crisis que conjuga factores históricos de larga y corta duración, los cuales fueron opacados, acallados o simplemente postergados, dificultando una definición moderna de la política en Colombia.
No pueden los referentes clásicos de los saberes políticos, jurídicos o sociales definir la actual crisis política en Colombia como simple crisis de gobernabilidad por las dificultades y rupturas de los frágiles consensos políticos de las tradicionales elites gubernamentales para la funcionalidad del poder, el incumplimiento de las iniciativas gubernamentales y el acatamiento político.
No es una crisis de legitimidad, ya que el concepto avalaría el supuesto de la existencia de una titularidad y ejercicio del poder, descansando en unas mayorías, que se expresan y deciden democráticamente.
Tampoco es una crisis de la legalidad, porque implicaría el cuestionamiento o resquebrajamiento del Estado social de derecho y las reglas de juego que éste presupone en el Estado moderno.
La crisis política es una expresión del colapso parcial del Estado, que se proclama Estado social de derecho, y del régimen político que rompe los principios ético-políticos que consignan las constituciones modernas como fundamento del poder político.
El denominado pacto frente-nacionalista colombiano (pacto de los dos partidos de la tradición bipartidista en Colombia que alternó cuatrienalmente el poder entre los años1958-1974) se trasformó en contubernio bipartidista, destruyó la opción democrática para la institucionalidad política en Colombia y afirmó prácticas políticas pre-modernas que dificultaron o impidieron procesos de democratización y participación política.
Las elites gubernamentales fueron diligentes y modernizantes en los procesos de cambios económicos, en asumir las teorías del desarrollo y crecimiento desde la perspectiva tecno-científica en el mundo del capital, pero mostraron una mentalidad política tardía y postergada frente a la modernización política democrática.
Los vacíos democráticos fueron ocupados por actores políticos que se relacionaron de manera informal, ilegal y violenta, constituyendo estas prácticas la forma y el contenido del pensar y el hacer de la política colombiana.
El formalismo constitucional y la organización institucional denotan limitaciones e insuficiencias para configurar un Estado de derecho que posibilite la funcionalidad de la ciudadanía con el consecuente ejercicio de los derechos y deberes plenos para el ciudadano.
La corrupción administrativa y la venalidad pública configuraron un sistema clientelista que dinamizó prácticas políticas y económicas de acumulación, de incremento de poder, de cinismo, de desinstitucionalización, de sobre-dimensionamiento de la burocracia, lo cual produjo escepticismo y falta de reconocimiento del ciudadano frente al Estado.
Los Estados modernos y las democracias contemporáneas hacen descansar el ejercicio y la funcionalidad del poder político sobre ejes axiales como la dominación, la legitimidad, la legalidad, el Estado social de derecho y la participación política.
La ausencia o la insuficiencia de estos factores en la vida del Estado colombiano es lo que permite confirmar la existencia de una crisis política generalizada en la actual coyuntura política colombiana.
Los presupuestos políticos de la dominación pasan por los consensos y por el uso de la fuerza en los Estados modernos; respecto a los primeros, el proyecto histórico de dominación debe convocar y aunar tanto a los grupos dominantes como a los sectores subalternos, para establecer acuerdos sobre aspectos básicos en el desarrollo de la nación.
En lo atinente al uso de la fuerza, es la credibilidad y la capacidad vinculante de las fuerzas armadas estatales que soportan y defienden el orden jurídico, lo que le da sentido y razón al uso de la fuerza institucionalizada, para que el ciudadano sienta compromiso y responsabilidades con el orden legal y legítimamente constituido.
En el caso colombiano, los consensos son inexistentes y proliferan de forma yuxtapuesta distintos “órdenes” político-militares que pretenden monopolizar el uso de la fuerza.
LA LEGITIMIDAD POLÍTICA
Es uno de los principios vertebradotes del poder político en las democracias modernas, fuente generadora de consensos y presupone el reconocimiento del orden político; la sociedad civil acata la institucionalidad, las prácticas y mandatos que de ella surgen o se establecen; como plantea Habermas: “Se genera una creencia de que las estructuras, los procedimientos, las acciones, las decisiones políticas, funcionarios o líderes políticos de un Estado son correctos, adecuados, moralmente buenos y de que merecen por ello reconocimiento”.
La legitimidad política remite al orden justo de dominación donde los consensos tienden a ser generalizados como realidad o ilusión, comprometiendo a través de la cohesión al mayor número posible de actores políticos, incluidos aquellos que se declaran de la oposición política.
En términos de Bobbio, la legitimidad remite a la titularidad del poder, para este analista la legitimidad se articula al ejercicio del poder, es decir, a la legalidad o al orden jurídico-político que se establece por y a través del Estado.
Las nuevas formas de legitimidad no pasan por la mera construcción de un contrato social con unanimidad de voluntades, los cambios en las formas de Estado establecen nuevos roles y funciones en la economía, en el ejercicio político y modifican las relaciones que establecen la sociedad política con la sociedad civil.
La promulgación de la Constitución Política de 1991 en Colombia fue interpretada como un ejercicio de re-legitimación política, en la creencia de que el cambio o el remozamiento del orden legal por sí mismo produciría nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil.
Esta concepción constitucionalista deja de lado los escenarios y los actores que se relacionan contradictoria y antagónicamente en la sociedad, hace abstracción de los distintos sectores sociales, de las discrepancias y visiones encontradas en los partidos y movimientos sociales, de las miradas y percepciones políticas diversas y diferentes de los ciudadanos, omite la contextualización histórica y los cambios y mutaciones del Estado moderno.
La interpretación formalista y normativa basa la legitimidad del poder en la promulgación, adecuación o modernización de la legislación.
La legitimidad política en la sociedad moderna es cada vez más compleja cuando el papel y la función de fuentes constitutivas de legitimación transforman o desaparecen.
El caso más relevante es el papel legitimador de los partidos políticos, los cuales pierden fuerza en su papel de socialización política y en la búsqueda de consensos, hoy esas funciones las vienen cumpliendo con mayor énfasis la escuela y los medios de comunicación, quienes se constituyen en formadores o gestores de legitimidad política y constructores de opinión pública.
El establecimiento político colombiano y el Estado colombiano, adolecen de legitimidad política en amplios sectores de la población, por su ausencia ó por prácticas que lo colocan en cuestión, en particular por sus manifestaciones represivas y violentas en la forma de relacionarse con dichos sectores
ESTADO DE DERECHO Y LEGALIDAD
El Estado, interpretado desde la legalidad, es el ejercicio del poder, según Bobbio, este ejercicio genera un orden jurídico, un sistema de normas; aquí se manifiesta la capacidad del hombre para crear instituciones, se moldea el comportamiento social a través del orden normativo.
El Estado sirve de aval para que la norma sea vinculante y la ley incluyente en la idea de lo universal, general y abstracto, el Estado es el garante del cumplimiento normativo y generador de los derechos, obligando al cumplimiento de los deberes al sujeto político o el ciudadano.
Una de las funciones principales de la actividad estatal pasa por hacer cumplir el ordenamiento jurídico.
El sistema normativo incluye la afirmación de Max Weber de la pretensión legal del uso monopólico de la fuerza de parte del Estado. La legalidad institucionalizada por vía del Estado tiene la facultad del uso de la coerción como uno de los fundamentos del ejercicio político.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Es una manifestación del nivel de organización social y política que expresa aceptación-oposición al sistema político a través de canales y mecanismos generadores de consensos socio-políticos. La participación es una expresión de la articulación de la sociedad civil a la sociedad política.
Las formas democráticas del Estado moderno horizontalizan la participación, encontrando en ello nuevas expresiones de legitimidad política, que tienden a la integración de actores y espacios democráticos.
La participación es un elemento ideológico de gran alcance para regular la actividad política del ciudadano moderno, la participación política no es exclusivamente un acto espontáneo o volitivo, es inducida y tiene organicidad por vía de los partidos y los movimientos políticos.
La participación política requiere de ciudadanos con derechos y posibilidad real del ejercicio de éstos, no basta con enunciados retóricos legales, debe fundamentarse en opciones y alternativas que establezcan una relación dialéctica dentro de lo social y lo político.
Los aspectos reseñados nos permiten ahondar las características que atraviesan y entrecruzan la complejidad y conjugación de la crisis en la actual coyuntura política en Colombia.
El proceso 8.000 (proceso jurídico-político llevado a efecto en el período presidencial del presidente Ernesto Samper Pizano (1994- 1998) y la actual crisis para-política en las administraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez, evidencian para los medios de comunicación, el ciudadano común y la opinión pública nacional e internacional un secreto a voces: la ilegitimidad, la ilegalidad y la precaria gobernabilidad que se presenta en Colombia desde la instauración del Frente Nacional hasta nuestros días.
La informalidad y la ilegalidad son factores que articulan el Estado y la práctica política en Colombia, el Estado de derecho y la pretensión del monopolio de la fuerza estatal es rebasada por el ejercicio político para-estatal que encuentra en la expresión armada su manifestación más socorrida.
El imaginario político de los colombianos está signado por el uso de la fuerza y las violencias, incluidos muchos actores político-militares que encontraron en el discurso de la paz un excelente campo para la actuación política oportunista o en otros casos, utilizando argucias para sacar réditos económicos o personales en procesos de negociación poco claros y consistentes.
La informalidad es una realidad sociopolítica, se afirma que las actividades informales en el plano de la economía sobrepasan el 60% de las actividades económicas de los colombianos; no se puede decir con certeza o cuantificar la informalidad e ilegalidad de las prácticas políticas en Colombia.
Los partidos tradicionales y los movimientos políticos hacen proselitismos financiados con dineros venidos directamente o a través de intermediaciones del narcotráfico, el contrabando o la corrupción administrativa.
La guerrilla viró su pensamiento e ideología altruista y se vinculó de forma diversa al negocio del narcotráfico.
El Estado, por omisión o complacencia, permite el fortalecimiento de paramilitarismo, quienes se constituyeron en grandes carteles de drogas y son grandes violadores de los derechos humanos fundamentales.
La impunidad da lugar a que la administración de justicia sea ineficiente y propicie la proliferación de justicias parciales y sectoriales.
Dice al respecto Rubén Darío Jaramillo:
“Hay una cosa y asombra mucho, y es que en Colombia hay cuatro tipos de justicia. La primera es la del Estado, la sanción legal, que nadie cree en ella. De cada cien procesos penales hay cinco condenados (Alrededor de un 20% creemos en la sanción legal). La segunda es la justicia privada con todas sus modalidades: limpieza social, paramilitares, autodefensas, guerrilla, etc. La tercera es la justicia de las culturas indígenas, que no conocemos; ellos tienen sus propias autoridades, tienen una identidad de grupo, que es lo que hemos perdido los ciudadanos, y tienen formas de compensación de culpas y principios de reciprocidad para sancionar el delito; un indio wayúu mata a otro y allí no hay cárcel, hay un tratamiento entre las autoridades y las familias del muerto y el asesino puede indemnizar a esa persona mediante el trabajo de doce horas diarias, o alejarse de la casa y no acercarse a los familiares del muerto y no provocar la retaliación. La cuarta forma de hacer justicia es la negociación y la concertación de tipo social y político”. (Jaramillo, 1993).
El énfasis de medidas extraordinarias que alteran de manera sustantiva el ordenamiento jurídico para aplicar justicia sectorial o parcial no sólo rompe con el principio de universidad de la norma, sino que genera una práctica atípica en la administración de justicia y de paso convalida formas de presión para satisfacer intereses particulares.
La corrupción establece mecanismos que permiten la desorganización institucional y robustecen el sistema clientelista, desmoronando la credibilidad del ciudadano frente al Estado.
El delito de cuello blanco es una práctica nociva para la institucionalidad y el sistema político por tener una connotación política deslegitimante del Estado, del régimen político y de los actores políticos, un segmento importante de la élite política se encuentra vinculada a este tipo de prácticas, generando un efecto desmoralizante en los sectores subalternos de la sociedad.
Las políticas modernizantes del Estado no logran controlar o evitar los escándalos administrativos que se repiten en cascada, se pagan los favores, las lealtades, las componendas, se burlan los controles, se trafica con las auditorías y la fiscalización.
En Colombia ocurre un fenómeno muy particular relacionado con la corrupción, parece que quien logra defraudar al Estado en mayor cuantía se convierte en una especie de modelo social o en ejemplo a seguir; esto ocurre por la inexistencia de una opinión pública informada, participativa y deliberante que establezca canales de sanción pública y proscripción, y por la fragilidad de la administración de justicia para sancionar la delincuencia de todo tipo.
La búsqueda de legitimación y participación política, como componentes fundamentales del poder político, se constituyeron en pilares de la Constitución Política de 91 en Colombia, se propaló la idea de un pacto político o contrato social donde uno de los supuestos era “meterle pueblo a la democracia”.
Con este propósito democrático y participativo se explicó la confluencia ideológica constitucional de ideas liberales y conservadoras, incluyendo los neos, los socio-demócratas, las religiosas, las indígenas, sindicalistas, en otras palabras, la marcha abigarrada de intereses que hacen parte de la sociedad civil colombiana. Obviamente, esto produjo una Constitución que expresa nuestras frustraciones, nuestros deseos y expectativas, pero no logró convertirse en la “brújula de navegación” de la que habló el ex presidente César Gaviria en su promulgación.
Pasados 16 años de la promulgación de la Carta , su función simbólica de relegitimación se atenúa y su marco legal se escamotea, la participación ciudadana se enreda en los vericuetos de los formalismos legales y los mecanismos de participación ciudadana se desconocen o no funcionan.
Asistimos al colapso parcial del Estado, la desmembración territorial, la guerra entre actores armados reales de poder, que disputan poderes en el negocio del narcotráfico y una sociedad civil atónita y desorganizada.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
La modernización económica en Colombia no trajo la modernidad política ni logró una cultura de la convivencia civilista y plural; las expresiones recurrentes de violencia y violentación en todos los órdenes así lo manifiestan.
Los actores sociales y políticos, al igual que los agentes económicos de los sectores dirigentes, formaron y reprodujeron unas estructuras sociopolíticas y socioeconómicas, elíticas, cerradas y profundamente antidemocráticas.
El uso intensivo de las irracionalidades (modernas y premodernas) dio como resultado una sociedad con brechas y vacíos profundos: en lo económico, (la brecha entre riqueza y pobreza absoluta), en lo social (una estratificación segmentada entre lo moderno y lo premoderno) y en lo político (un Estado precario con prácticas premodernas y una negación de la participación democrática en la toma de decisiones).
Los vacíos éticos y culturales que completan la anomia social han generado una crisis profunda de credibilidad social, de desinstitucionalización política y de informalidad económica.
Los vacíos del Estado dificultaron su presencia en términos de inversión social, impidiendo satisfacer expectativas de la población civil, regular las relaciones sociales y generar un consenso social con desarrollo, equidad y democracia.
La resolución de la actual crisis en Colombia pasa por la “refundación del Estado” en el sentido moderno y la orientación de la política hacia la modernidad democrática como ejercicio de lo público en el marco de la civilidad.
BIBLIOGRAFÍA
- BOBBIO, Norberto, (2000): Estado gobierno y sociedad, México: F.C.E.
- WEBER, Max. (2004) El Político y el Científico. Ed. Alianza (España)
- WEBER, Max (1998) La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ed Albor, España.
- WEBER, Max (1977), Economía y sociedad, f.c.e. Santafé de Bogotá
- WEBER Max (1982), escritos políticos, México. Edi Folio
- WEBER, Max (1991) “La ciencia como profesión y la política como profesión”, en Ciencia y Política. Buenos Aires. Centro editor de América latina.
- WEBER, Max. ¿Qué es
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