Llamado a presentar ponencias.
Organizan:
Curso de Gestión Pública y
Grupo de Estudios en Ciencia Politica y Administración Publica (GECIPAP)Grupo de Gestión y Políticas Públicas Territoriales (GPPT)
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín
Justificación y antecedentes:
La Constitución establece como una obligación del Estado la promoción de “condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de
grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (Artículo 13).
La jurisprudencia inicial de la Corte constitucional acuñó el derecho al mínimo vital y las leyes que desarrollaron estos mandatos organizaron las instituciones necesarias para cumplir con los principios estructurales del estado colombiano.
Sin embargo, las actuaciones estatales y de la sociedad civil, no han considerado a poblaciones marginadas tradicionalmente, excluidas por el sistema político, sin espacios legítimos de participación política y en consecuencia sin ciudadanía de facto. Esta negación como ciudadanos en ejercicio, con unos derechos fundamentales y colectivos especiales por su condición de exclusión, han conllevado a prácticas asistencialistas gubernamentales qué determinan, unilateralmente, aquello que estas poblaciones 'necesitan'; convirtiéndolas de esta manera en clientes de la pobreza y la exclusión de los espacios políticos a los cuales tienen derecho.
Estas poblaciones están transversalizadas por una condición (étnica, económica, social) o por una necesidad especial que se configura como elemento cohesionador en la construcción del sentido de comunidad. Así, las poblaciones marginadas encuentran un elemento de identidad, eje fundamental de su participación en los espacios políticos. Ello ha conducido a que las entidades territoriales asuman los procesos de inclusión social ya no como una opción, sino como un imperativo sistémico y normativo a través de la gestión y las políticas públicas.
La jurisprudencia inicial de la Corte constitucional acuñó el derecho al mínimo vital y las leyes que desarrollaron estos mandatos organizaron las instituciones necesarias para cumplir con los principios estructurales del estado colombiano.
Sin embargo, las actuaciones estatales y de la sociedad civil, no han considerado a poblaciones marginadas tradicionalmente, excluidas por el sistema político, sin espacios legítimos de participación política y en consecuencia sin ciudadanía de facto. Esta negación como ciudadanos en ejercicio, con unos derechos fundamentales y colectivos especiales por su condición de exclusión, han conllevado a prácticas asistencialistas gubernamentales qué determinan, unilateralmente, aquello que estas poblaciones 'necesitan'; convirtiéndolas de esta manera en clientes de la pobreza y la exclusión de los espacios políticos a los cuales tienen derecho.
Estas poblaciones están transversalizadas por una condición (étnica, económica, social) o por una necesidad especial que se configura como elemento cohesionador en la construcción del sentido de comunidad. Así, las poblaciones marginadas encuentran un elemento de identidad, eje fundamental de su participación en los espacios políticos. Ello ha conducido a que las entidades territoriales asuman los procesos de inclusión social ya no como una opción, sino como un imperativo sistémico y normativo a través de la gestión y las políticas públicas.
Objetivos:
- Sensibilizar a las y los asistentes con los tipos de acciones y políticas públicas orientadas a combatir la pobreza, formar a la ciudadanía en torno a los derechos fundamentales y colectivos, empoderar comunidades para participar con los gobiernos en las decisiones que les conciernen.
- Promover las destrezas de las y los asistentes en los enfoques, contenidos y métodos para incluir en la agenda, formular, implementar y evaluar políticas sociales y ambientales focalizadas hacia poblaciones vulnerables (tradicionalmente marginadas y/o discriminadas).
- Explorar escenarios con actores comunitarios para familiarizar a las y los asistentes on los mecanismos de construcción conjunta de políticas que incidan en la inclusión social.
Cronograma:
28 de marzo de 2012. Primer "call for papers".18 de abril de 2012. Segundo "call for papers".27 de abril de 2012. Envío de resúmenes.2 de mayo de 2012. Informe de resúmenes aprobados.23 de mayo de 2012. Envío de ponencias definitivas para evaluación.28 de mayo de 2012. Informe de ponencias aceptadas.6 de junio de 2012. Seminario XXIII de Administración Pública.
Mayores informes: www.
Contáctenos: sempublica_med@
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