DOS DECADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN COLOMBIA.
Por : Fabio Velasquez
Presidente Ejecutivo del Foro Nacional por Colombia
Dos décadas de participación ciudadana: la Ley 134 de 1994 al banquillo
Hay problemas de
diseño, vicios de la política y una concepción recortada de la democracia
participativa, que le han quitado su eficacia. Una nueva ley -en revisión por
parte de la Corte Constitucional- permitiría corregir algunos de estos
problemas.
Fabio E. Velásquez C. *
* Presidente Ejecutivo del Foro
Nacional por Colombia
Apertura
democrática….
La Ley 134 de 1994 está de cumpleaños. En sus dos décadas de
existencia no ha producido los
resultados esperados como herramienta para el uso efectivo del derecho
ciudadano a participar en las decisiones públicas. ¿Qué pasó?
La historia es sencilla: hace treinta años el Congreso
institucionalizó algunos espacios de participación, y esto creó expectativas en
diversos sectores hasta entonces excluidos de las instancias de decisión. Esas
expectativas se transformaron en entusiasmo cuando los constituyentes en 1991
decidieron instaurar un régimen de democracia participativa. Con la Ley 134 se
reglamentaron los mecanismos de participación directa, uno de los dispositivos
para democratizar las decisiones públicas.
El entusiasmo fue flor de un día. Rápidamente se convirtió
en descolorida ilusión y, más rápido aún, en desencanto. En realidad, los ciudadanos
dieron poco uso a los dispositivos consagrados en la ley y los convirtieron
prácticamente en pieza de museo. Corta vida la de una ley que respondió a un
clamor popular de apertura democrática y que pudo tener otro destino si el
legislador hubiera comprendido el alcance de la participación y la ciudadanía
hubiera entendido el significado de la democracia participativa.
…y una ley ineficaz
La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó en 2012 el
único estudio sistemático que se ha realizado en Colombia sobre los mecanismos
de participación consagrados en la Ley 134. Aunque la MOE no propone ninguna valoración de los mecanismos
estudiados, sí se refiere a las críticas realizadas por líderes sociales,
expertos y dirigentes políticos al diseño de la norma, así como a su “aparente
fracaso”.
Fundadas o no tales críticas, lo cierto es que la 134 ha
sido ineficaz. Las estadísticas que
entrega la MOE confirman esta tesis: entre 1991 y 2012 se iniciaron 130
trámites de revocatoria del mandato, de las cuales el 75 por ciento no superó
la etapa de recolección de apoyos, mientras que el 25 por ciento llegó a la
fase de votación, pero ninguna de ellas logró la revocatoria del respectivo
alcalde.
En materia de iniciativa legislativa, hasta 2012 hubo tres
de acto legislativo, ninguna de las cuales prosperó; seis de proyectos de ley,
de los cuales sólo dos tuvieron éxito (la Ley 119 de 1994, con más de un millón
de firmas, y la Ley 1354 de 2009 que convocó al referendo de la segunda
reelección, con casi 4 millones de firmas); tres proyectos de ordenanza que
fueron rechazados por las Asambleas; y cuatro proyectos de acuerdo municipal,
de los cuales solamente uno fue aprobado.
