COLCIENCIAS, LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES. Varios Textos

Lunes, 02 Noviembre 2015 03:51

Colciencias: de espaldas a las ciencias sociales

La construcción del país y de la paz necesita de profesionales capaces de reconstituir nuestro tejido social. Pero Colciencias piensa que lo “rentable” es apoyar proyectos en ciencias “duras” aun en desmedro de las ciencias sociales. 

María Victoria Uribe* - Eduardo Restrepo**

Retórica y realidad

Alejandro Olaya, subdirector del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS) afirmó en un escrito reciente que esta institución “va a tener un papel protagónico como entidad que orienta el propósito científico, tecnológico y de innovación de Colombia, en una era de postconflicto y paz para el país. Será una nueva era en la que podemos proveer todas esas soluciones a las desigualdades y los desafíos que implica reconvertir el país hacia una economía y una sociedad que funcione en paz”.

Pero semejante aseveración contradice las últimas disposiciones de COLCIENCIAS, que en efecto marginan a las ciencias sociales a la hora de asignar los recursos. Refiriéndose a estas disposiciones, el propio Olaya declaró que “sí existe una política y no es velada, es explícita. Está en los criterios de evaluación de la convocatoria 727. Ahí declaramos que el 70 % de las becas irían para ciencias básicas e ingenierías y 30 % para otras disciplinas”.

Para justificar tan arbitraria disposición, el subdirector dice más adelante que “lo único que buscamos en Colciencias es que los recursos públicos se entreguen a los programas de mejor desempeño”.

Saberes que sí producen

Esta política desconoce los aportes que las ciencias sociales le han hecho a un país convulsionado y en crisis permanente, y con un desarrollo social desigual y accidentado. Ante los hechos cabe preguntarse si serán entonces los físicos, los ingenieros o los químicos quienes se encargarán de analizar y hacer recomendaciones acerca de los cambios que se le vienen encima a Colombia con la firma – no ya apenas de los tratados de libre comercio- sino de los acuerdos en La Habana, con la creación de la comisión de la verdad  o con el sistema de justicia especial.

Arturo Escobar, respetado antropólogo vinculado a la Universidad de Carolina del Norte, considera que “Colombia, como tantos otros países del planeta, enfrenta un conjunto de situaciones muy dramáticas. Estos problemas, mucho más que problemas científicos y técnicos, son problemas sociales, culturales, y del imaginario de país y sociedad que queremos. Sería por demás ingenuo pensar que solo los llamados ‘expertos’ de las ciencias duras y económicas tienen la respuesta a las inusitadas preguntas y situaciones del posacuerdo”.

Pero esta situación de Colombia, que resulta evidente para los científicos sociales, es desconocida por los altos funcionarios para quienes resulta “más rentable trabajar en energías alternativas que en mecanismos de diálogo en una vereda de un municipio recóndito”, como dice Carolina Rivera, investigadora del Observatorio de Ciencia y Tecnología.

 Todo parecería reducirse a la rentabilidad en el más recortado sentido de esta palabra,  desconociendo que parte sustancial del atraso en materia de competitividad internacional, del conflicto armado y de los problemas de inequidad y pobreza que agobian al país se afincan precisamente sobre asimetrías y sobre lógicas del privilegio-despojo derivadas de tales políticas.

 Estrechez de criterios

Recientemente, doce decanos de las facultades que agrupan carreras como Psicología, Antropología, Filosofía, Economía y Sociología decidieron crear la Asociación de Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales. En este grupo figuran académicos de las universidades Nacional, de Antioquia, de Caldas, del Magdalena, del Valle y Tecnológica de Pereira.

 Entre otras cosas consideran los decanos que la visión del conocimiento y de la investigación de COLCIENCIAS es “productivista”, y por lo tanto la entidad utiliza criterios muy discutibles para “medir” la calidad de los procesos y resultados de la labor investigativa en los campos de las  ciencias sociales y de las humanidades.

 De esta manera, COLCIENCIAS se ha dedicado a desestimular el avance de las ciencias sociales y de las humanidades, peor todavía, a negar de manera sistemática la pertinencia de estas para el desarrollo integral del país, al fomentar, con sus modelos de medición, cierto tipo de prácticas que resultan nefastas cuando se trata de las comunidades académicas dedicadas a las disciplinas sociales o a las humanidades.

 Para comprender en su complejidad las múltiples realidades sociales y culturales que se verán transformadas como efecto de la creciente inserción de Colombia a la economía global, y en especial de los acuerdos de La Habana, harían falta comunidades de científicos sociales cuyas características y fortalezas desde hace mucho tiempo están por fuera de la agenda de COLCIENCIAS.

Ante tales situaciones y desafíos, una política centrada únicamente en el estímulo a la publicación de artículos en revistas indexadas, preferiblemente en inglés y dentro de los percentiles garantizados por las multinacionales del conocimiento, resulta evidentemente equivocada y desfasada. Las manías o taras de la “ciencio-metría”, ante las cuales COLCIENCIAS se ha postrado, y ante las cuales pretende postrarnos, no solo desconocen sino que socavan los compromisos y aportes de las ciencias sociales y humanidades al posconflicto y a la apropia competitividad integral de Colombia.

Protestan los científicos

En una actitud autista y arrogante, COLCIENCIAS sistemáticamente ha desoído las críticas y las propuestas que le han sido formuladas por bien acreditadas  comunidades científicas (y no solo desde las ciencias sociales y humanidades), tanto por sus errores técnicos básicos como por los efectos perversos de sus cada vez más engorrosas convocatorias de medición de grupos.

 Por ejemplo, en un texto público varios humanistas de la Universidad de Antioquia se refirieron al costo económico prohibitivo que significa alimentar la plataforma con los datos y soportes solicitados en la anterior convocatoria. Por otro lado, profesores del Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Javeriana de Cali publicaron otra carta donde afirman que con la unidad de análisis y los criterios de medición de COLCIENCIAS no es posible lograr los objetivos de tales mediciones.

 Resumiendo, si COLCIENCIAS ni siquiera sabe hacer lo que dice que hace, no es de extrañar su incapacidad para entender los efectos perversos de lo que hace para el avance de la investigación social y las humanidades en Colombia.

 Por tanto, es hora de que COLCIENCIAS sea interpelado por quienes nos negamos a ser cómplices de sus plutónicas elucubraciones, que apuntalan una geopolítica del conocimiento y una colonialidad del saber que, en últimas, son expresión y garantía de un mundo de privilegios. El pensamiento colombiano – y su entidad presuntamente rectora- tienen que cambiar si es cierto que queremos un país más justo y sensato para la mayoría de los seres que lo habitamos.

* Antropóloga e historiadora, becaria del Wissenschaftkolleg (Institute for Advanced Study) 2014-2015 de Berlin.

Colciencias contra las humanidades

por Efrén Giraldo

El capítulo más reciente de la cruzada de Colciencias contra las humanidades es negarles becas a sus programas de doctorado para destinarlas con exclusividad a programas científicos, lo que supone una grave amenaza a su sostenibilidad. Lo llamativo no es esto, toda vez que en los últimos años la agencia nacional de investigación ha decidido atacar frontalmente los saberes sobre la sociedad y la cultura, sino la respuesta que sus equivocadas políticas en lo concerniente a artes, ciencias sociales y humanidades han despertado, primero en la comunidad académica, y más recientemente en los medios impresos. Periódicos como El Espectador, El Colombiano y la revista Semana han sacado la disputa del gueto académico y han mostrado algunas de las implicaciones que tendría para el país un conjunto de medidas escalonadas como esta. Algo que sorprende, pues en Colombia a los medios poco les importa lo que pasa con la educación, y más específicamente con la científica.

Sin embargo, la polémica no es nueva. Los criterios estrechos y equivocados de nuestra disfuncional agencia a la hora de evaluar las producciones de los académicos que trabajan en disciplinas sociales y humanísticas han generado respuestas de diverso tipo. Algunos grupos e investigadores de trayectoria se han negado a participar de las convocatorias de medición, aduciendo —además de los ya conocidos problemas técnicos e inconsistencias que sufren el software, las convocatorias  y las regulaciones de Colciencias— una discriminación que la agencia niega, imputando a los investigadores de estas áreas una supuesta reticencia a ser medidos. Todo parece indicar que, ante el dramático recorte presupuestal para ciencia y tecnología que ha hecho el gobierno, Colciencias está recortando a su vez los presupuestos de las humanidades, y para ello acude a estrategias soterradas para acorralarlas, con el agravante de que responsabiliza a los investigadores y grupos de investigación en pedagogía, historia, literatura, antropología, artes y filosofía de su propia condena al abandono y la marginalidad.

La respuesta de humanistas, artistas y científicos sociales a esta coyuntura, y más generalmente a la pregunta por su pertinencia social y educativa, es deficiente, derrotista y casi siempre débil en su argumentación. No se puede negar tampoco que, en muchas ocasiones, hay en humanidades ­—y también en ciencias— una burocracia improductiva a la que no le gustan los índices, las clasificaciones ni las mediciones de ningún tipo. Intento aquí contradecir algunos de los argumentos con los que algunos humanistas han enfocado la crítica que se les ha hecho.

El primer argumento es que las disciplinas sociales y humanas no son medibles. Si bien las ciencias sociales en sus facetas más especialziadas han demostrado el aprovechamiento que pueden hacer de la estadística, hay otra manera de entender la relación del saber social con lo cuantitativo: la que nos ofrece —para nuestro consuelo y desconsuelo— la inconmensurable tradición. A veces, cuando se lee que las humanidades son poco visibles o poco “citables”, habría que preguntarse de qué se está hablando. La cienciometría es —y será— siempre impotente para medir la cultura y la copiosa monumentalidad escrita del pasado, así como la vitalidad de la opinión pública.

El segundo argumento es que son saberes etéreos, que no tienen ningún trato con lo práctico, una idea bastante prosaica de lo que la teoría y la práctica son en realidad. Una de las maneras de encarar esta cuestión es recordando el vínculo profundo que el saber sobre lo humano tiene con la acción social, las instituciones, las costumbres, la política. ¿Qué puede haber más práctico que el modo en que vivimos? Un libro reciente del profesor Jorge Giraldo Ramírez muestra que la guerra en Colombia tiene, entre otras explicaciones, una que pasa por las ideas de quienes tomaron las armas.

Sociedades tecnocráticas que no atienden a la dimensión crítica, analítica y axiológica ofrecida por la educación en humanidades acaban por colapsar, pues economía, gobierno y técnica sin cultura de debate que las regule acaban por descontrolarse y servir a intereses oscuros. En alguno de sus textos, Paul K. Feyerabend señalaba lo importante que es para una sociedad democrática que los no expertos en ciencias tengan el control sobre lo que los expertos en ciencia y tecnología descubrían. Un corolario de este planteamiento es que, sin humanidades, sin ética, sin comunicación y sin estética, el saber científico acaba por ser autoritario y, acaso, contraproducente.

El tercero es que los saberes humanísticos no generan capital económico, apenas cultivo espiritual. Si bien esto es parcialmente cierto, y cabe hallar en el desinterés un argumento útil, sobre todo en una época en que todo tiene precio, valdría la pena analizar el fenómeno desde otra óptica. Ver en el mecenazgo —o, peor incluso, de la caridad— la única figura económica para las artes y las humanidades es pasar por alto la posibilidad que estas tienen de producir bienes, objetos y —quiéranlo o no los puritanos— mercancías. Civilización, patrimonio, cultura son realidades, no abstracciones. Las sociedades del conocimiento y la información, de los servicios y los símbolos, no son pensables solo como productoras de artefactos o de datos duros. En otros países, la cultura, los museos, los libros son renglones importantes de la economía, más allá de que dependan de un nuevo gran señor, el turismo.

El último argumento es que, al hablar de humanidades, se trata de disciplinas que no son experimentales. En lugar de creer que esto les resta dignidad o importancia, los humanistas deberían pensar en que allí hay una de sus mejores oportunidades, tal como lo señaló alguna vez Samuel Weber. Evidentemente, no se trata de experimentos con la naturaleza, sino con lo social, con lo humano. Inventar nuevas formas de vivir, crear espacios de intercambio, es el desafío que las humanidades deben afrontar ante las exigencias actuales y, como en el caso colombiano, ante políticas equivocadas y administraciones mezquinas que poco pueden hacer con la gestión de comunidades y realidades a las que no comprenden.

22 de octubre de 2015

Mercado en la academia

La obsesión con las publicaciones en "revistas indexadas" ha creado una estructura de incentivos perversos. Es un estímulo a la mediocridad, en contra de la imaginación.

Eduardo Posada Carbó

“La investigación en ciencias sociales (...) se ha prostituido”, escribió el profesor de la Universidad de La Sabana Giovanni Hernández (El Tiempo, 17/10/15). Juan Luis Ossa, historiador chileno, se ha referido a “uno de los efectos más perversos de la academia actual” (El Mercurio, 12/11/14).

La preocupación es universal. Pero, solo excepcionalmente, voces como las de Hernández y Ossa han intentado sacarla del claustro universitario para motivar un debate público tan necesario.

Ambos señalan problemas derivados de la tendencia universitaria de evaluar las investigaciones de sus profesores por el número de publicaciones en “revistas indexadas”. Revistas de gran prestigio internacional, reconocidas así por diversos órganos convertidos en jueces de calidad.

A ellas se suman otros medidores: por ejemplo, cuántas veces un trabajo es citado por otros colegas. En Gran Bretaña introdujeron una categoría más, “impacto”. No basta publicar. Es necesario medir cuál ha sido el efecto de las investigaciones en la sociedad.

El problema, en el fondo, es de recursos. ¿Con qué criterio distribuirlos al promover investigaciones, en particular cuando se trata de dineros públicos? ¿Cómo, entonces, evitar la necesidad de medir, medir, medir?

Aunque es posible entender la racionalidad de una política que parece extenderse sin frenos, no es claro que sea una política sabia.

Considérese la medición del “impacto”. Medir el efecto de investigaciones en ciencias naturales es quizás una tarea que pueda hacerse con precisión. Trasladar el criterio a las ciencias sociales y humanidades no tiene sentido. ¿Cómo medir con certidumbre el “impacto” social de un libro sobre la independencia? ¿O de un trabajo sobre lenguas muertas?

Las dificultades se agravan cuando se introducen dimensiones temporales. Los ejercicios de evaluación en Inglaterra, por ejemplo, han sucedido en ciclos de cinco años. Pero con frecuencia el “impacto” de las investigaciones en ciencias sociales y humanidades solo se aprecia con los años. La obra de Norbert Elias se volvió famosa décadas después de publicada.

La obsesión con las “revistas indexadas” acarrea problemas adicionales. Para comenzar, es un criterio que traslada la capacidad de juzgar la calidad de las investigaciones a entidades relativamente ajenas, no necesariamente neutrales. Se imponen líneas editoriales que a veces favorecen temas o metodologías de moda. Algunos evaluadores ocultan sus discrepancias políticas con argumentos dizque académicos.

Algunas universidades han llegado al absurdo de premiar artículos en revistas, por encima de libros monográficos.

Muy afectados han sido los libros editados con varios autores sobre temas específicos. Se aduce contra ellos que no tienen mercado, o que no están sujetos al proceso de arbitraje de las revistas, sin molestarse en examinar sus respectivas calidades intrínsecas.

Los más afectados son los libros dirigidos al público general, incluidos los estudiantes. Como si los académicos solo debieran escribir para académicos.

Se ha creado una estructura de “incentivos perversos”. Se desestimula el trabajo en equipo, la tradicional colaboración que exigen los libros editados con varios autores. Se desestimulan las obras de divulgación. Como observa Ossa, se desestimulan las publicaciones jóvenes, pues la aspiración de todos es publicar solo en un puñado de revistas ya establecidas.

Es un estímulo a la mediocridad, en contra de la imaginación.

La prensa haría bien en abrir mayores espacios a las preocupaciones ventiladas por Hernández y Ossa. Pues abordan un tema que, por su significado, debe salir de los claustros universitarios.

Eduardo Posada Carbó

Publicado el 20 de octubre de 2015

El menosprecio por las humanidades

Francisco Cortés Rodas

En la política estatal de ciencia que Colciencias ha venido implementando en los últimos años se puede apreciar una clara tendencia a menospreciar las ciencias sociales y las humanidades. En las convocatorias para la medición de grupos de investigación de los dos últimos años se vio en los resultados una muy baja participación de los grupos de ciencias sociales y humanas en los niveles A1, A y B, y de sus investigadores en los niveles Senior y Asociado. La más reciente discusión tiene que ver con los resultados de la “convocatoria 727” de becas de doctorado. De los 189 programas de doctorado que concursaron para recibir cupos de becas de Colciencias, solo 40 pasaron. Ninguno de ciencias sociales y humanidades logró obtener los mínimos de evaluación exigidos.

En este caso, hay que destacar que el resultado ha ido acompañado de una clara justificación, basada en una visión del crecimiento económico, por parte de funcionarios de Colciencias. Ya no tratan de ocultarlo, lo dicen sin ambages frente a la opinión pública. Así, Carolina Rivera, investigadora del Observatorio de Ciencia y Tecnología, le dijo a El Espectador, “desde literatura académica y sistemas de países industrializados sí hay evidencia de que áreas como ingenierías y ciencias básicas tienen mayor potencial de fortalecer el crecimiento económico. Es más rentable trabajar en energías alternativas que en mecanismos de diálogo en una vereda de un municipio recóndito”.

Lo que está pasando en nuestro mundo académico no es nuevo. Desde hace años el énfasis del Gobierno está orientado de manera cada vez más clara, hacia una universidad centrada en las ciencias naturales, la innovación, la renta y el crecimiento económico, y excluye una universidad que articule la ciencia con el cultivo de las humanidades y las ciencias sociales.

De esta manera Colombia se está anticipando y preparando para aquello que en países altamente industrializados, como Japón, se percibe como una derrota de las humanidades. La decisión del ministro de Educación japonés de pedir a 60 universidades cerrar carreras de ciencias sociales y abrir áreas que respondan mejor a las necesidades de la sociedad, es muy grave para las humanidades, que muestra además una profunda incomprensión de la imagen de la ciencia y las humanidades, de su historia y relaciones mutuas.

Pensar que la investigación en ciencias naturales e ingenierías se opone a las humanidades no es más que un argumento falaz de una visión de la ciencia. Hay elementos inevitablemente humanos en la investigación en cualquier campo. Esto se puede apreciar en la obra de cualquier gran científico (Newton, Darwin, Einstein) no solo como reflexiones aisladas sino como constitutivas de sus prácticas investigativas. Pensar que la investigación natural no es humana y social es una idea equivocada y uno de las sofismas que circulan con naturalidad en el mundo de la burocracia científica. Ignorancia sobre la historia de la ciencia de los burócratas.

Es necesario poner en su contexto los supuestos de la creación del conocimiento para poder entender la ciencia, la tecnología y la innovación bajo la comprensión de la sociedad y las humanidades, sus problemas y contradicciones.

 * Director Instituto de Filosofía U. de Antioquia.

El ánimo de lucro no es una fuente de recursos

El Gobierno Nacional ha propuesto una reforma a la Educación Superior que parece estar centrada en el interés por incrementar la cobertura, buscando pasar de un 34% de la población joven en programas de formación técnica, tecnológica o profesional en 2010, al 50% en 2014.

por Jairo Humberto Restrepo Zea - Vicerrector de Investigación UdeA

jairoudea@gmail.com

El Gobierno Nacional ha propuesto una reforma a la Educación Superior que parece estar centrada en el interés por incrementar la cobertura, buscando pasar de un 34% de la población joven en programas de formación técnica, tecnológica o profesional en 2010, al 50% en 2014. Esta cifra es de por sí ambiciosa y merece una evaluación rigurosa en términos de viabilidad, de los costos que ella implica y de los resultados que de verdad puedan ofrecerse al país para impulsar la transformación productiva y el desarrollo social. En pocas palabras, lo que significa una cierta continuidad con el aumento de cobertura impulsado por el anterior gobierno, la iniciativa del Ministerio de Educación Nacional implica buscar mecanismos para contar con un mayor número de cupos y una mayor graduación.

Para ampliar los cupos en la educación superior el gobierno ha propuesto varias estrategias de mercado, en términos de oferta y demanda, que dan cuenta de su visión acerca de las razones por las cuales no sería posible tener una mayor cobertura. La primera estrategia consiste en la flexibilización de la oferta, lo que significa asumir que en su configuración actual, con las instituciones existentes y con los incentivos sobre los que ellas se mueven, el país no puede esperar que haya más cobertura. En cuanto a las estrategias del lado de la demanda, el gobierno propone las modalidades de subsidios a la demanda y de crédito educativo, con lo cual reconoce que los ingresos de las familias resultan insuficientes para sufragar los costos de matrícula y la manutención de los estudiantes, siendo necesario un esfuerzo fiscal para garantizar un mayor acceso a la educación superior.

Es en este contexto que la Ministra de Educación plantea que nunca antes se había dispuesto de tantos recursos para la Educación Superior, pero que los aportes del gobierno resultan insuficientes y por ello es necesario contar con la inversión privada. En efecto, dentro de las propuestas para flexibilizar la oferta de la educación superior se destaca el énfasis que pone el gobierno en el ingreso de capital privado y el reconocimiento de entidades con ánimo de lucro. Prácticamente éste ha sido el principal punto de la reforma y, al mismo tiempo, el tema de mayor debate.

El énfasis en la ampliación de la oferta vía incentivos económicos, de modo que instituciones existentes puedan transformarse para aspirar a obtener rendimientos que premien a sus propietarios, o bien, que se permita el ingreso de nuevas instituciones con el mismo fin, es notorio cuando se presenta su lectura de experiencias de otros países como Chile, Brasil, China y Corea.

En la mirada que el gobierno hace de estas experiencias parece que sólo interesa examinar la presencia de instituciones con fin de lucro y sus aportes al aumento de la cobertura, sin aportes adicionales sobre aspectos como la configuración de los sistemas de educación superior, el rol de la investigación y otros mecanismos de financiación de la educación superior y de las instituciones que conforman el sistema.

En la propuesta del gobierno existe una idea que se controvierte con el título de este escrito. Según el gobierno, al permitir el fin de lucro se atraerán más recursos a la Educación Superior y esto ayudará a lograr las metas de ampliación de cobertura. Sin embargo, más que una fuente de recursos el ánimo de lucro constituye un mecanismo de absorción por el cual se busca recuperar la inversión y brindar ganancias a los dueños de dicha inversión.

En nuestro caso, el capital privado ingresaría a la Educación Superior para instalarse en donde se espera la mayor rentabilidad, pero ésta solo se logra en la medida en que existan ingresos para pagar la matrícula de los estudiantes, los que solamente pueden provenir del ingreso de las familias, del crédito educativo o de los susbisidios del gobierno. Así las cosas, el ánimo de lucro aspiraría a recibir los recursos que pone la propia reforma y lejos de sumar entraría a competir por la demanda existente y por los recursos disponibles para financiar la matrícula.

Además de constituir un mecanismo de absorción, al consagrar el fin de lucro se puede dar lugar a una segmentación de la oferta que a la postre genere un mayor déficit en las institucionales estatales y en las privadas sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque las instituciones con ánimo de lucro se especializarían en atraer segmentos de población o atender programas académicos en donde esté garantizada la rentabilidad, absorbiendo parte de los recursos de crédito y subsidios que traería la reforma, en desmedro de las necesidades de las instituciones preocupadas por desarrollar programas con rentabilidad negativa y en brindar condiciones de acceso a la población más pobre. Con razón, se destaca en el mundo el modelo de universidad que nace de la inversión pública o de fondos de capital solidarios o el altruismo, así como un financiamiento con un decidido apoyo de las donaciones, los recursos fiscales y el patrimonio propio de las instituciones.

Está claro entonces que una cosa es requerir recursos para ampliar la oferta educativa, y otra bien distinta es la necesidad de recursos para pagar la matrícula; éstos últimos, por supuesto, son necesarios para recuperar los primeros cuando se trata de un inversionista privado. Como seguramente el gobierno pretende favorecer el aumento de la oferta, a no ser que existan intereses o necesidades que no se hayan hecho muy explícitas, como las obligaciones que se desprenden de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, existe como alternativa a esta propuesta impulsar el desarrollo de planes de expansión de la oferta existente mediante créditos de inversión y programas especiales con las universidades estatales.

Conviene entonces que este debate se asuma con serenidad y se consulten experiencias internacionales, destacando las ventajas y desventajas de la introducción del ánimo de lucro.

Tal vez el gobierno encuentre razones para convencerse que éste no es el camino adecuado, como de hecho comienza a reconocerlo cuando establece una serie de condiciones que pueden llevar al desaliento del inversionista serio para ingresar al sector. Además, es conveniente contar con un estudio que dé cuenta de la línea de base de la oferta de Educación Superior y las capacidades que se tienen para aumentar los cupos en los diferentes niveles de formación, regiones del país y áreas del conocimiento.