Diásporas migratorias, criminalización y participación política no tradicional: latinos y musulmanes en los Estados Unidos.

Diásporas migratorias, criminalización y participación política no tradicional: latinos y musulmanes en los Estados Unidos.

                                                       Elizabeth Echavarría
                                                eechavarriat@unal.edu.co
                                     Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín
        Ponencia presentada en el marco del II Encuentro Interuniversitario de Ciencia Política, realizado entre  el 26 y el 28 de febrero de 2013 en la ciudad de Medellín, Colombia.

                     Área temática: Ciudadanía, acción colectiva y representación política.

Abstract: El presente escrito se propone abordar desde un enfoque descriptivo los procesos de participación política en los que se han visto envueltas dos diásporas migratorias en el contexto de los Estados Unidos de América. Musulmanes y latinos serán los casos traídos a cuenta debido a su similar situación de criminalización, esto con el objeto de comparar sus respectivas respuestas a los atropellos que les supone esa realidad y extraer posibles conclusiones acerca de la relevancia que puede cobrar en ese tipo de colectividades la participación política, particularmente la que se da por fuera de dinámicas tradicionales o partidistas.

 Introducción.
A nivel planetario dinámicas sociales de toda índole -económicas, culturales, poblacionales, políticas, etc.- se han visto radicalmente transformadas en las últimas décadas, esto en consonancia y como respuesta al acelerado proceso globalizador al que asistimos que va de la mano de una paralela expansión del modelo capitalista, ambos fenómenos han impulsado una cada vez mayor flexibilización y mundialización del intercambio comercial, no solo de materias primas y productos manufacturados, sino también de otra infinidad de servicios y bienes de consumo, como también de mano de obra; se han generalizado asimismo, en respuesta a esas mismas dinámicas, los desplazamientos demográficos masivos, aunque este tipo de “intercambio” permanece, en comparación, aun altamente restringido. Todas estas transformaciones han llegado con múltiples retos para los actuales sistemas políticos, estos deben afrontar al tiempo una disminución en el alcance de sus reivindicaciones soberanas y el desafío de enfrentarse en esos términos a un
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mercado mundial altamente competitivo. Encarar el fenómeno migratorio en todos sus niveles es parte de ese desafío, y comprenderlo en su total complejidad es menester para salir avante combinando a un tiempo enfoques de derechos humanos, inclusión, democracia y desarrollo.
De acuerdo al informe del año 2011 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) actualmente se cuentan en el mundo unos 214 millones de migrantes internacionales (el 3,1% de la población global), la cifra no es despreciable si se considera que la misma se ha duplicado en menos de medio siglo, transformando en ese proceso el rostro de nuestra civilización.

Los Estados Unidos de América, paradigma de la cultura occidental y centro de gravedad del sistema capitalista, es el país a nivel mundial con el mayor número de inmigrantes residiendo en su territorio, cifras del 2010 de la OIM indican que alrededor de 43 millones de personas, esto es, un 13,5% del total de la población de ese país, son inmigrantes extranjeros. Es por esa razón que el presente escrito tiene como contexto esta nación norteamericana, en el mismo se propone un estudio más bien descriptivo de la situación actual de dos comunidades de migrantes o diásporas1, ambas golpeadas en similar medida por situaciones de discriminación y criminalización en ese país. Musulmanes y latinos son los dos grupos poblacionales que nos ocuparán a lo largo de este artículo, en el cuál nos enfocaremos en el recuento de cómo ambas colectividades han afrontado esos avances discriminatorios en su contra, específicamente en el plano de la participación política no electoral, esto dado que la literatura en torno a la participación electoral de los migrantes es bastante extensa, mientras que el estudio de la participación no tradicional -esto es, aquella que se adelanta por fuera de los canales institucionales-, en el caso particular de las comunidades de migrantes, está siendo apenas recientemente abordada de manera sistemática por la academia, y a nuestro modo de ver cobra cada vez mayor importancia.
La migración en términos generales es una preocupación de primer orden tanto para los países que se han consolidado como grandes expulsores de población como para aquellos que reciben la mayor proporción de estas personas en sus territorios;
Debemos hacer la salvedad en este punto de que usamos el concepto diáspora de un modo muy laxo, considerándola simplemente un grupo de personas que se encuentra fuera de su lugar de origen y que de algún modo ha construido una identidad colectiva fluida que supera las fronteras geográficas.
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por su parte las opiniones de los ciudadanos de estas últimas naciones en torno al fenómeno migratorio están fuertemente polarizadas, por ejemplo, de acuerdo a datos de Kohut, Keeter & Smith (2011: 63) en los Estados Unidos un 45% de la población considera que los migrantes son una fuerza productiva que fortalece al país, mientras que otro 44% los ve negativamente y los considera una carga para el estado. Son diversas las razones que pueden explicar la xenofobia en estas naciones desarrolladas, teniendo mayor relevancia las de índole económica, pero lo que está fuera de duda es que los inmigrantes tienen que enfrentar constantemente, aunque en distintas medidas, expresiones de rechazo y discriminación; es por ello que se torna relevante el conocer por medio de qué vías, tradicionales y alternativas, y con qué grado de éxito estas comunidades encaran dichas situaciones, lo anterior con el objeto último de avanzar hacia una efectiva inclusión de estos grupos poblacionales en expansión a los distintos sistemas democráticos que enfrentan el reto de acogerlos.


Participación política y migración, algunas bases teóricas.

Participación electoral y no electoral: Como se mencionó, en el marco de este escrito optaremos por clasificar en dos grandes grupos las distintas formas de participación política existentes; a sabiendas de la simplicidad del modelo, pero rescatando sus bondades a efectos del objetivo del presente estudio, hablaremos de participación formal o electoral, y participación informal o no electoral. De acuerdo a Tolley (2003: 1), la participación formal es aquella que se da al interior de la arena electoral, y dentro de ella se comprenden por ejemplo el voto, el proselitismo partidista, y el involucramiento en general en partidos políticos. La participación informal por su parte hace referencia a aquellas actividades con motivaciones o fines políticos que se realizan por fuera del contexto de las dinámicas partidistas/electorales, por ejemplo la asociación en organizaciones comunitarias o grupos de interés, las protestas, las marchas, los mítines, las huelgas legales e ilegales, la recolección de firmas y la firma misma de peticiones.
Entre participación tradicional y no tradicional pueden darse diversas relaciones, por ejemplo: De complementariedad: cuando ambas formas se combinan en el comportamiento de un individuo o comunidad. De reemplazo: cuando la participación informal toma el lugar de la electoral, esto como consecuencia de procesos de
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exclusión de un individuo o colectividad de las dinámicas electorales, o a causa de la pérdida de confianza de algún segmento social en la institucionalidad (partidos políticos, parlamentos, etc.); y finalmente participación tradicional y no tradicional pueden combinarse tomando la última el carácter de una especie de trampolín o campo de entrenamiento para los individuos o grupos sociales que aspiran a actuar en el campo electoral a futuro. (Tolley, 2003)
En el contexto de las colectividades de migrantes que nos ocupan se demostrará que es posible observar tendencias de participación política que presentan todas las relaciones entre lo electoral y lo no electoral mencionadas previamente, pero sin duda se hará evidente que el papel de la participación informal es cada vez más relevante no solo para este particular grupo poblacional sino en general para segmentos sociales históricamente marginados o apáticos políticamente, como los jóvenes, las mujeres o la comunidad lgbti, quienes en su devenir político han encontrado y creado nuevas formas de participación que vienen reemplazando a los partidos políticos en su histórica misión de servir de vehículo a las quejas, peticiones e intereses de la sociedad.

¿Por qué se movilizan los individuos y los grupos?: La teoría de los movimientos sociales nos indica que la primera motivación que tendrá una persona o grupo de personas para involucrarse en una acción colectiva reivindicativa es el hecho de sentirse agraviado o atropellado por una determinada situación, pero a fin de cuentas ello no garantiza la movilización efectiva, ya que, aunque abundan las quejas y el inconformismo, no son abundantes asimismo las manifestaciones colectivas; Klandermas, van der Toorn & Skatelenburg (2008), combinando dos acercamientos, uno instrumental que parte de la teoría de la elección racional, y otro que se basa en la construcción de identidades colectivas, y sumando a ello sus propias construcciones, intentan explicar por qué una persona o colectividad puede ser más propensa que otra a verse envuelta en acciones colectivas reivindicatorias, para ello agregan a la primigenia percepción de injusticia 4 factores más, a saber: *percepción de eficacia: que la persona o grupo de personas agraviadas se perciban a sí mismos como sujetos cuyas acciones pueden traer cambios efectivos y positivos para ellos y sus comunidades. Hace referencia a una creencia en la efectividad de la acción política colectiva, basada hasta cierto punto en un cálculo positivo de costo vs. Beneficio; *identidad: se refiere a cómo la percepción que una persona tenga de
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pertenecer a una determinada colectividad le hará más propensa a participar en las actividades reivindicatorias que esa comunidad adelante y convoque en pro de fortalecer el vínculo identitario; *emociones: los autores hablan de dos emociones principales en lo que tiene que ver con la participación en acciones colectivas: enojo o indignación y miedo, estando más dispuestas a manifestarse aquellas personas y colectividades que reaccionan con enfado ante los atropellos de que son víctimas, que aquellos otros que reaccionan con miedo a la misma situación; y por último *involucramiento en organizaciones y grupos cívico-sociales: a partir de la teoría del capital social, mencionan la importancia de estas asociaciones en la construcción de las bases sobre las que pueden levantarse la participación política y la acción colectiva.
Observaremos que las colectividades que nos ocupan se corresponden positivamente con esa serie de factores, ya que la suma de todos ellos en los respectivos casos ha llevado a ambas minorías de migrantes a adelantar acciones colectivas por fuera de la institucionalidad con mayor o menor éxito en defensa de sus derechos y en pro de sus intereses.
Movilización étnica: Por último debemos hacer mención al carácter étnico que tiene la acción colectiva emprendida por las minorías de migrantes que son objeto de este estudio; se trae a colación este término dado que la movilización étnica hace referencia a la participación en acciones políticas que tienen como base factores identitarios tales como el lenguaje, la religión u otras prácticas culturales (Olzak, 1983); en el caso de los latinos y musulmanes es evidente el factor cohesionante de lo étnico, para los últimos siendo más relevante el aspecto religioso. Este tipo de grupos tiende a crear lazos comunitarios frente a los atropellos de que puedan ser víctimas, y la creación de esos vínculos es la materia prima que les permite movilizarse en el momento oportuno.
Hechas las anteriores salvedades y aclaraciones teóricas nos disponemos ahora a hacer una breve caracterización de nuestras dos diásporas relevantes y a traer a cuenta el origen de sus respectivos procesos de criminalización.
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Latinos y narcotráfico, musulmanes y extremismo religioso: los orígenes de la criminalización.
La diáspora latina en los Estados Unidos, de acuerdo a cifras del 2010 del PEW Hispanic Center, está compuesta por unos 50 millones de individuos (Passel, Cohn, & López, 2011), cifra que se desagrega en un 67% de inmigrantes de segunda, tercera e incluso cuarta generación y un restante 37% de inmigrantes de primera generación o “foreign born”. Esas cifras hacen de esta colectividad de migrantes la más extensa en territorio estadounidense, siendo a la vez la de más acelerado crecimiento en los últimos años. El 64% del total de este grupo poblacional corresponde a personas de origen mexicano, ubicándose Puerto Rico, Cuba y El Salvador en los siguientes puestos señalados como lugar de origen respectivamente por el 9,2%, 3,7% y 3,6% del total de los hispanos o latinos residentes en Estados Unidos.
El migrante latino promedio tiene 41 años y llegó a los Estados Unidos antes de 1990. Un 56,6% de este grupo poblacional domina con suficiencia el idioma inglés, mientras que un 31,5% lo maneja menos que bien. En materia de educación solo un 7,8% de esta colectividad posee un título universitario o presenta mayores cualificaciones, mientras que un 24,4% del total alcanzó menos de noveno grado.
La mayoría de los inmigrantes latinos en Estados Unidos trabaja en los sectores de limpieza y mantenimiento (14,4%), construcción (14,3%), producción (12,7%) y preparación y distribución de alimentos (11,7%). El 21,7% de estos inmigrantes se encuentra bajo la línea de pobreza. (PEW Hispanic Center, 2011).
Las anteriores cifras nos permiten inferir que la colectividad latina residente en los Estados Unidos presenta índices bajos de adaptación, integración y calidad de vida en general, esto probablemente debido a que es también la diáspora migratoria que cuenta con mayor número de indocumentados en ese país –entre los mexicanos por ejemplo, el 80% se encuentra en situación de ilegalidad-, lo cual la ubica en una posición particularmente vulnerable a los atropellos laborales y de todo tipo.
La migración latina hacia los Estados Unidos ha estado signada desde sus inicios por dinámicas económicas claramente asimétricas que han estado acompañadas de políticas cambiantes por parte del gobierno norteamericano, las cuales desde finales
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del siglo XIX han fluctuado entre el fomento y la prohibición a la entrada de hispanos a ese país. Así, desde iniciativas como el Plan Bracero de 1942, que facilitó el acceso de grandes cantidades de mexicanos a la industria estadounidense, hasta el ingreso de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, hoy OMC) en 1986, y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, distintas situaciones económico-sociales han determinado el ingreso de numerosos grupos de latinos a territorio norteamericano tanto de manera legal como ilegal. (Delgado Wise & Covarrubias Márquez, 2007:127-129)
La criminalización de la colectividad hispana entre la población estadounidense responde a diversas razones, siendo el carácter indocumentado de un significativo número de sus individuos una causa importante de la hostilidad de la que es víctima; por otro lado, la relación que ha existido entre esta diáspora y las mafias del narcotráfico desde los años 80 también se constituye en un estigma difícil de soslayar, este se ha generalizado en la última década debido a la expansión de esta actividad ilegal entre mexicanos y otros centroamericanos en general; para finalizar los latinos son vistos en ocasiones por los estadounidenses, por las razones antes expuestas, como una colectividad problemática y reacia a “adaptarse” a la sociedad en la que residen.
Los seguidores del islam en los Estados Unidos por su parte son en la actualidad la minoría religiosa de mayor crecimiento en ese país. Aunque la etiqueta engloba individuos de infinidad de nacionalidades y etnias, como también conversos recientes, en el marco del presente escrito nos avocaremos a identificar como musulmanes a aquellos resientes de los Estados Unidos que provienen del Medio Oriente, el Norte de África y el Sur de Asia y que se identifican como seguidores de del islam, ya que fueron y siguen siendo ellos el principal blanco de las prácticas criminalizadoras y discriminatorias que se desataron mayoritariamente tras el 11 de septiembre de 2001 en contra de esta colectividad.
De acuerdo a cifras del 2011 del PEW Hispanic Center los musulmanes corresponden aproximadamente al 4% del total de la población inmigrante (“foreign born”) en los Estados Unidos - hablamos de alrededor de 1,5 millones de individuos-, mientras que el total de aquellos, más los nacidos estadounidenses de origen
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musulmán, corresponde a unos 2,7 millones de personas, la mayoría de ellos habiendo llegado al país después del año 1990, con una edad promedio de 43 años. El 59,4% de ellos domina el idioma inglés, mientras que un 32,8% lo maneja con dificultad; en lo que a educación respecta un 45,3% de los inmigrantes musulmanes tiene un título universitario u ostenta mayores cualificaciones académicas, mientras que solo el 8,8% de ellos alcanzó menos de noveno grado. La mayoría de estos inmigrantes trabaja en el campo de las ventas (17,7%) o en actividades gerenciales y administrativas (11,2%). Un 81% del total de los musulmanes residentes en los Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses, dándose altos niveles de naturalización de aquellos nacidos en el exterior -70% de los inmigrantes musulmanes de primera generación han obtenido la ciudadanía estadounidense-, esto en contraste con otros grupos de migrantes, por ejemplo los mexicanos, a quienes mencionamos previamente. (Kohut, Keeter & Smith, 2011: 14)
En términos generales la musulmana se caracteriza por ser una diáspora bastante bien adaptada a la sociedad estadounidense y con niveles de vida relativamente altos que remonta sus primeras avanzadas migratorias de importancia hacia esa nación a mediados del siglo XVIII, ubicándose el punto de partida del actual flujo migratorio en el año 1965 como consecuencia de los cambios favorables que se dieron en la política migratoria estadounidense en ese año; los altos niveles educativos de esta diáspora se explican, de acuerdo a Pipes & Durán (2002: 4) debido a que, en un primer momento, eran solo las familias más adineradas las que podían emigrar hacia los países desarrollados, involucrando a sus hijos en universidades de alto nivel, aunque en los últimos años la extracción social de esta colectividad se ha diversificado de manera notoria.
Las dificultades que esta colectividad ha tenido que afrontar en los Estados Unidos han obedecido a procesos de más larga data que aquellos correspondientes a los hispanos. Teniendo como telón de fondo la histórica dicotomía existente entre oriente y occidente, los musulmanes en los Estados Unidos y en Europa se han visto envueltos además en torbellinos políticos resultantes de guerras civiles e internacionales, y han sido además criminalizados como consecuencia de actos terroristas adelantados por extremistas islámicos durante las últimas 2 o 3 décadas, llegando todo esto a su punto máximo con el advenimiento de los atentados del 11 de septiembre de 2001, eventos en los que la totalidad de los 19 terroristas
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involucrados se identificaron como musulmanes, teniendo esto consecuencias gravísimas para la generalidad de los seguidores del islam en los países occidentales, pero especialmente en los Estados Unidos, donde se inició tras ello una campaña persecutoria indiscriminada contra esta colectividad.
Nos abocaremos en este punto al recuento de algunos ejemplos de cómo ambas comunidades han hecho uso de la acción colectiva reivindicativa en las calles para hacer frente a la criminalización de que son objeto, al igual que en contra de avances normativos o legislativos que afectan sus intereses.

La movilización latina: La primera manifestación colectiva que abordaremos en el caso de la comunidad hispana de inmigrantes se ubica temporalmente a finales de los años 90, momento en que un movimiento inusitado de trabajadores indocumentados, agrupados en distintos sindicatos, se dio a la tarea de presionar a los legisladores neoyorkinos para que firmaran una ley que los protegiera contra los abusos de sus patrones, y que obligara a estos últimos a pagar sueldos dignos a sus empleados indocumentados. Esta iniciativa fue inusual dado que fue adelantada y llevada a término con éxito por una comunidad de no ciudadanos que hizo una fuerte labor de lobby político, y que llegó a reunirse incluso en diversas ocasiones con senadores de ese estado, en encuentros llevados a cabo en español y con la asesoría de traductores. El 17 de septiembre de 2007, el entonces gobernados de Nueva York, George Pataki, firmó la ley que recibió el nombre de Unpaid Wages Prohibition Act, la cual se convirtió en la normativa más fuerte en contra de este tipo de abusos laborales en el país, estableciendo severas sanciones a los empleadores que no pagasen a sus trabajadores.
La experiencia fue de gran importancia para todos aquellos involucrados en el proceso, ya que, como nos indica Jeniffer Gordon en su obra de 2002 al respecto, (p, 1,2) hizo que una colectividad que se sentía invisible y sin posibilidades de representación se reconociera como un actor político efectivo en su comunidad, a pesar de la supuesta ausencia de voz y voto que implicaba su falta de ciudadanía.
El segundo momento a recapitular es con mucho el mayor evento en materia de acciones colectivas llevado a cabo, no solo por latinos, sino por cualquier otra
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comunidad de migrantes en los Estados Unidos; nos referimos, claro está, a la serie de manifestaciones, marchas y otras expresiones reivindicativas que emprendió la colectividad hispana a lo largo de los mayores centros urbanos estadounidenses en el año 2006 como airada respuesta al proyecto de Ley Para el Control de la Inmigración, el Antiterrorismo y la Protección de las Fronteras que había sido aprobado en diciembre de 2005 por la Cámara de Representantes estadounidense y que iba a ser estudiada por el Senado para su sanción.
Esta ley, también conocida como HR 4437 incluía numerosas disposiciones abiertamente anti-inmigrantes, como por ejemplo, el hecho de hacer que entrar a los Estados Unidos sin la documentación adecuada se considerara un delito grave, como también el establecer que aquellos que prestasen cualquier tipo de asistencia a inmigrantes indocumentados, como salud, empleo o vivienda, podrían ser procesados criminalmente. (Cordero-Guzmán, Martin, Quiroz-Becerra & Theodore, 2008: 599.) Tales avances en contra de los derechos fundamentales de la población migrante catalizaron la indignación de un gran número de latinos, esto dado que la normativa, a pesar de erigirse en una afrenta para la generalidad de los inmigrantes, afectaba particularmente a estos últimos por la importante presencia en su interior de individuos indocumentados. Impulsadas por esa ofensa inicial, se fueron sumando otras reivindicaciones de más largo alcance a las manifestaciones, los hispanos reclamaron también mayor justicia económica y social para los inmigrantes, vías efectivas de naturalización para los indocumentados y apertura de posibilidades de reunificación familiar.
Las marchas convocadas por diversas organizaciones de migrantes con el apoyo de importantes medios de comunicación latinos e incluso por algunas celebridades hispanas, atrajeron a miles de inmigrantes que se lanzaron a las calles ondeando banderas mexicanas, estadounidenses y de otros países centro y sur-americanos en rechazo a la ley anti-inmigrantes. Solo para dar un estimado de la magnitud de estas demostraciones, mencionaremos que entre 400.000 y 700.000 personas, de acuerdo a los distintos estimados, marcharon el 1 de mayo de 2006 a favor de los derechos de los migrantes en Chicago (Cordero-Guzmán, et al.: 601), mientras que a lo largo del país estas manifestaciones se replicaban a mayor y menor escala.
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La HR 4437 finalmente no alcanzó la votación requerida para ser aprobada por el senado estadounidense, esto como consecuencia de la enorme presión que ejercieron sobre los legisladores y el público en general las masivas manifestaciones hispanas. Tras este triunfo parcial, las oleadas de inconformismo perdieron ímpetu hasta prácticamente quedar silenciadas, presentándose esto como un impasse en la tarea de construir un movimiento migrante de más largo aliento que pueda enfrentarse de manera más ambiciosa a los avances de las dinámicas anti-inmigrantes en los Estados Unidos, este es un reto aun por asumir.
Puede señalarse que en general el éxito alcanzado por estas manifestaciones es fruto de la convergencia de una percepción generalizada de estar bajo ataque que creó un sentimiento de colectividad y la existencia de un capital social importante que capitalizó el inconformismo de manera efectiva, al menos hasta alcanzar el objetivo más próximo, aunque fallando en llevar más allá sus esfuerzos reivindicativos.

Movilización de la comunidad musulmana.

La colectividad musulmana residente en los Estados Unidos se había caracterizado en general por ser una diáspora relativamente invisible, pero los eventos trágicos del 11 de septiembre del 2001 hicieron de ella blanco de una serie de presiones políticas y sociales sin precedentes, esto llevó a sus líderes y organizaciones a movilizarse en contra de la reacción negativa de los estadounidenses hacia ellos. Dicha reacción se materializó en ataques físicos hacia estos individuos y sus posesiones, expresiones de rechazo en general, hostigamiento por parte de entidades estatales e incluso crímenes de odio. Cifras de Dean (2012) indican por ejemplo que entre 2002 y 2004 los musulmanes en los Estados Unidos reportaron un aumento del 70% en experiencias de violencia, hostigamiento y discriminación.
Otra rasgo característico de la diáspora musulmana es, aún hoy, su sub-representación en la institucionalidad estadounidense; a pesar de su importante número y del hecho de que la mayoría de sus miembros son ciudadanos, su cifra de representantes en el congreso es mínima (solo dos musulmanes ocupan actualmente este tipo de cargo), y por otro lado, solo un 65% de esos ciudadanos musulmanes son votantes registrados; ambos datos son bastante bajos en comparación con los que reportan otras colectividades religiosas de similar
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importancia, por ejemplo la judía. A esa información se suma el hecho de que tras los atentados, al parecer, la confianza de esta colectividad en la institucionalidad estadounidense en general y en el sistema electoral en particular ha disminuido, lo anterior podemos verlo reflejado en el menor número de candidatos musulmanes inscritos en elecciones posteriores al año 2001, la cifra disminuyó de 700 candidatos en el año 2000 a solo 100 en 2004. (Dean, 2012: 9,10.)
Todo lo anteriormente mencionado influyó en el escalamiento de las acciones colectivas emprendidas por esta diáspora después del año 2001, mientras que el elemento definitorio de su relativo éxito lo encontramos en la forma particular en que la base social musulmana está organizada; la mezquita como lugar de reunión, y en general la comunidad religiosa como espacio de encuentro y debate, dio la cohesión que necesitaba el movimiento musulmán para frenar hasta cierto punto los atropellos que implicó la criminalización de la que se hizo blanco a inicios de la década.
La colectividad musulmana ya se movilizaba con algún grado de dinamismo antes del 2001, por ejemplo, frente a la Ley Anti-terrorismo de 1996 se adelantaba en el momento de los atentados un proceso de lobby político que tenía buenas perspectivas, pero que se fue por el piso con el advenimiento de esos trágicos hechos. Dicha ley, que venía afectando a un importante número de musulmanes, disponía la práctica derogación de toda garantía en el proceso legal para los indocumentados y otros inmigrantes acusados de terrorismo o colaboración con grupos terroristas, contra quienes podía esgrimirse información clasificada, haciendo esto que los abogados de los acusados se vieran imposibilitados para hacer su trabajo.
Tras el 11 de septiembre las acciones que el activismo musulmán emprendió en defensa de sus intereses fueron, de acuerdo a Bakalian & Bozorgmehr (2005: 11-13), por lo menos de tres tipos: *Expresión de demandas y reivindicaciones: consistió en una sistemática toma de la palabra en espacios públicos por parte de la comunidad musulmana y sus líderes, tanto para rechazar las acciones terroristas e identificarse como un grupo que en su gran mayoría no simpatiza con el extremismo religioso, como para reclamar respeto por sus derechos y trato digno. Un ejemplo de este tipo de acción fue la campaña publicitaria llamada “I’m Muslim, I’m American” que se difundió por medios escritos y televisivos en defensa de la comunidad
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musulmana con posterioridad a los atentados. *Reforzamiento de vínculos con otras comunidades religiosas: las mezquitas de las distintas localidades emprendieron una serie de acercamientos, principalmente con la iglesia católica, realizando actividades abiertas a la comunidad en general, que buscaron acercar al estadounidense común a sus vecinos musulmanes. *Labores de información y educación: cursos sobre cultura e historia del islam se tornaron masivos en las distintas universidades y otras actividades de esa misma índole, como conferencias y foros, se adelantaron por todo el país con el objeto de aliviar hasta cierto punto la ignorancia de la que nacía gran parte del rechazo hacia los musulmanes en el momento.
Finalmente los musulmanes también se avocaron a las calles para adelantar manifestaciones públicas en contra de los atropellos de la institucionalidad contra sus similares; tras los atentados y la proclamación en octubre de 2001 de la USA PATRIOT ACT muchos seguidores del islam fueron detenidos por las autoridades estadounidenses bajo sospechas poco claras, estos detenidos permanecían anónimos y no podía obtenerse ninguna información sobre su proceso legal; en respuesta a ello una importante proporción de musulmanes empezó a reunirse cada sábado frente al edificio de las autoridades federales para exigir que se hicieran públicos los nombres y los procesos de los detenidos, contando con el apoyo de organizaciones de inmigrantes y algunas personalidades de la política. (Bakalian & Bozorgmehr, 2005: 19,20).
En general la movilización de la colectividad musulmana fue despertada por el repentino y masivo proceso de criminalización del que fue blanco tras los hechos del 11 de septiembre de 2001 y tuvo su base y fuente de recursos en el capital social que proveyó la institución religiosa en cuanto a cohesión y formación de sujetos activos en la discusión y reivindicación de sus derechos.

Conclusiones:

A lo largo del anterior recuento ha podido observarse la relevancia que la participación política no tradicional ha cobrado en las últimas décadas; la población inmigrante, por ser blanco de incontables atropellos y víctima de procesos de exclusión sistemática en los sistemas supuestamente democráticos a los que arriba, es una colectividad que ve en este tipo de acción un nicho de efectiva expresión de sus demandas y reclamos. Ya sea que se trate de grupos signados por la ilegalidad,
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o excluidos de la política tradicional por sus costumbres o creencias religiosas, todas estas colectividades han venido haciendo uso cada vez más extensivo de estos recursos en la defensa de sus derechos y en busca de la concreción de sus aspiraciones políticas.
La bandera bajo la cual estas comunidades han englobado sus demandas, reivindicaciones y manifestaciones ha sido por excelencia la de los derechos civiles; el escalamiento en intensidad y en número de este tipo de acciones ha llevado a algunos a vaticinar el avecinamiento de un masivo movimiento por los derechos de los inmigrantes, similar al que gestó la comunidad afro-americana en los años 60. No es descabellado esperar que algo así suceda en años posteriores, pero todavía puede haber obstáculos por superar en pro de llegar a ese punto de ebullición. Por ejemplo la construcción de una identidad pan-inmigrante de largo alcance, que englobe las demandas de la totalidad de este grupo poblacional es todavía un proceso por emprender, ya que la heterogeneidad del mismo ha creado barreras difíciles de derrumbar entre las distintas comunidades.
A futuro es de esperar que este tipo de manifestaciones se haga cada vez más masivo y recurrente dada la crisis institucional que a nivel global sufren los aparatos democrático-representativos tradicionales y que está dando paso a las distintas colectividades para que emprendan ellas mismas procesos de auto-representación por medios cada vez más innovadores. La academia debe estar allí no solo para analizar y describir esos procesos, sino para darles herramientas efectivas a aquellos que los emprenden, con el objeto de construir a largo plazo unas democracias cada vez más radicales en su pluralismo.
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