Mauricio Garcia Villegas
Pedro Medellin Torres
Lunes, 31 agosto 2015
Venezuela y Colombia: a des-escalar y a cooperar
Un recuento completo y contextualizado sobre la
historia y situación dramática de la frontera, y sobre los antecedentes,
motivaciones y efectos de las medidas de Maduro.
Socorro Ramírez*
Cierre y estado de excepción
Para justificar el cierre de la frontera,
primero por 72 horas y luego indefinido, ampliado y sometido a estado de
excepción, Maduro adujo el ataque desde una moto que dejó heridos a tres
militares y un civil. La Constitución Bolivariana autoriza suspender las
garantías (inviolabilidad del hogar, comunicaciones privadas, libre tránsito,
reuniones, manifestaciones o protestas) en condiciones súbitas y extremas (de
catástrofe, convulsión, amenazas económicas).
De cinco municipios afectados por esas medida,
en ocho días se pasó a diez en el opositor estado Táchira, y pueden extenderse
a sitios muy poblados del interior del país. Podría crearse así una situación
de emergencia para justificar el aplazamiento de las elecciones o estimular la
abstención.
Estas medidas son un intento desesperado por
distraer la atención frente a una crítica situación interna y a una reñida
campaña electoral donde el chavismo no tiene margen de acción. Con el petróleo
a 36 dólares -24 menos con los que se calculó el presupuesto-, sin divisas, sin
producción, con desabastecimiento, fuerte inflación y aumento de conflictos sociales.
La inseguridad está disparada y han fracasado los 24 planes para controlarla.
Las cosas son aún peores en la frontera donde
–para bien o para mal- se articulan los problemas sociales, económicas,
ambientales y de seguridad de ambos lados.
Militarización vs diplomacia
El plan de seguridad No. 25 -Operación para la
Liberación del Pueblo (OLP)- ha sido criticado porque recurre a una fuerza
desproporcionada contra personas marginales pero no toca a quienes más se
lucran del contrabando. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezó a usarla
en la frontera, en la barriada Invasión, donde requisa, detiene, deporta,
separa familias y marca las casas para destruir. Los deportados se ven
obligados a abandonar sus enseres, que son luego saqueados. Además, demuele
puentes informales y hace más dura la huida por el río o por las trochas.
Según el diario La Opinión de Cúcuta, la GNB
es el “verdadero poder al otro lado del río”. Muchos dicen que está integrada
por el “Cartel de los soles”, vinculado con todo tipo de contrabandos o al
lavado de activos, que es un factor permanente en las tensiones entre Bogotá y
Caracas y desde siempre ha sido señalada por atropellos contra los colombianos.
Estas medidas
son un intento desesperado por distraer la atención frente a una crítica
situación interna
Mientras avanza la militarización de la zona,
se incumplen los acuerdos alcanzados en la reunión de cancilleres. El Defensor
del Pueblo de Venezuela no llegó a la cita con su homólogo colombiano, ni a él
ni a la cónsul colombiana les han permitido acompañar los deportados a
recuperar sus pertenencias o a verificar las denuncias. Organizaciones
humanitarias han sido expulsadas de la zona. Y ojalá no se posterguen otras
reuniones ya previstas entre distintas dependencias gubernamentales. Maduro se
negaba a hablar con Santos, ahora le pide enfrentarse “cara a cara”.
El problema humanitario
La Invasión y otras barriadas similares se han
ido formado con desplazados colombianos que o bien huían del conflicto armado o
rebuscaban ingresos para sobrevivir. Trabajaban en lo que fuera, en un pequeño
negocio, un trabajo informal, llevando o trayendo -a pie, en bus, bicicleta o
moto- lo que encontraran más barato a un lado o al otro. Allí también viven
venezolanos, algunos de los cuales fueron deportados al no contar con cédula de
identidad.
No todos los colombianos expulsados o que han
huido son indocumentados. Hay seis tipos de situaciones:
• la de quienes nunca intentaron
resolver su migración irregular;
• la de los que hicieron los
trámites en 2004 y 2005, cuando llegó la Misión Identidad, pero no fueron
aprobados;
• la de quienes obtuvieron
cédulas de nacionalización que les permitían ser electores y recibir
subvenciones sociales pero que ahora les fueron retiradas o aparecen como
“auditadas-rechazadas”;
•la de quienes recibieron cédula
de residencia pero al vencerse en 2014 no se las renovaron;
• la de quienes tienen sus
papeles en regla;
• y la de varios que habían
obtenido el refugio o habían solicitado asilo y protección.
Capturados en redadas mientras
intentaban comprar alimentos o conseguir algún servicio y ahora cuando son
buscados casa a casa, han sido deportados más de 10.000 colombianos: 7.200
entre 2013 y 2014, 2.510 en el primer semestre de 2015 y ahora, a fines de
agosto, el número va en más de 1.000. En ningún caso ha habido un proceso
previo ni derecho a la defensa. Son estigmatizados por Maduro como
paramilitares y contrabandistas, responsabilizados de la inseguridad y escasez.
Diosdado Cabello afirma que “cada deportación está vinculada a uno o varios
delitos como el bachaqueo y la conspiración para acentuar la guerra económica
en el país”.
A los deportados se les suman los
miles que han huido por el río. No han llegado sólo a Cúcuta, pero esta ciudad
padece el mayor drama humanitario porque antes había recibido una gran cantidad
de desplazados internos o de personas que retornaban de Venezuela. Tiene las
tasas de desempleo e informalidad más elevadas del país, altos índices de
miseria, y violencia causada por redes criminales transfronterizas.
Todos esos sectores excluidos esperan lograr
algo de la declaratoria de calamidad de Cúcuta, de los anuncios de Santos y del
apoyo que ha recibido de todos los partidos políticos y gremios económicos.
Además, entre los afectados están miles de
venezolanos que pasan “la raya” por razones familiares, de trabajo, de estudio;
pacientes renales, insulinodependientes y de quimioterapia que necesitan
atención a este lado ante la crítica situación del Hospital de San Cristóbal.
También quienes han comprado vivienda en Cúcuta o quienes pasan al lado
colombiano a rebuscarse algún ingreso revendiendo lo que logran conseguir más
barato en su país, porque allá no hay empleo o no alcanzan el sueldo ni los
subsidios.
Maduro dijo que reabrirá la frontera “cuando
sean restituidos todos los derechos sociales y económicos de la población
venezolana". Imposible enfrentar la complicada trama fronteriza con la
expulsión de migrantes pobres o con acciones unilaterales y militarizadas.
Una frontera
sin alternativas económicas legales
El cierre de ahora de una parte
de la frontera colombo-venezolana, ocurre en el ámbito más poblado,
con-urbanizado, con un activo mercado de bienes, servicios y trabajo, con densa
interconexión poblacional, de infraestructura vial, y con el mayor número de
pasos fronterizos formales y de trochas informales. Es tal la interacción que
desde el primer estatuto fronterizo se ha hablado de establecer una cédula de
ciudadanía fronteriza con derecho al libre tránsito, al estudio, al trabajo y a
residir al otro lado.
Pese a sus nexos estrechos, ese ámbito ha
pagado caro las épocas de desacuerdo en la relación binacional, pero en cambio
no ha aprovechado los periodos de cooperación:
• Durante los años noventa vio
pasar el auge del intercambio binacional bajo la integración andina, pero el
libre comercio entre los centros de los dos países acabó con operaciones que
creaban empleos e ingresos en las zonas fronterizas, sin estimular el
desarrollo en la zona.
• Después vino el desacople
traumático de la integración económica que en 2007 se agravó con la tensión
entre Chávez y Uribe. Debido al cierre del comercio, Venezuela tuvo que
importar bienes básicos más caros, en Colombia se agravó la
desindustrialización y en la frontera se cerraron muchas empresas legales. Esa
tensión destruyó además iniciativas locales para crear una Zona de Integración
Fronteriza (ZIF) donde operaran motores económicos e instituciones compartidos.
• Tras restablecer las relaciones
diplomáticas, los cancilleres de entonces, Holguín y Maduro se propusieron
estimular proyectos de desarrollo conjuntos para comenzar a revertir la
deteriorada situación fronteriza. Pero sólo del lado colombiano se han llevado
a cabo algunas iniciativas, que resultan irrelevantes frente a la magnitud de
los problemas y a la falta de una política sistemática fronteriza y de
inclusión social.
• Ambos lados de las fronteras
quedaron sin alternativas, atrapados por la criminalidad, sometidos al
contrabando y a distintas formas ilegales de aprovechamiento del diferencial
cambiario y de los problemas económicos de Venezuela: especulación con tarjetas
de crédito, uso de remesas, maniobras con dólares a 6,3 que se transan a más
700, evasión fiscal, defraudación aduanera.
Fronteras sumidas en la criminalidad y la violencia
La precaria y distorsionada presencia del
Estado colombiano en las zonas fronterizas creó un escenario favorable para que
allí se establecieran tanto las guerrillas como los paramilitares. La
intensificación del conflicto armado a partir de los años ochenta tuvo muchos
efectos sobre Venezuela, donde aumentó la interacción con actores irregulares.
Grupos paramilitares, el cartel de Cali y el del Norte de Valle llegaron a
disputarle negocios o corredores estratégicos a las guerrillas (el Bloque Norte
se tomó buena parte del tráfico de gasolina en algunos puntos fronterizos).
Es tal la
interacción que desde el primer estatuto fronterizo se ha hablado de establecer
una cédula de ciudadanía fronteriza
Otros procesos agravan la inseguridad y la
violencia en Venezuela: aumento de los civiles con armas legales o ilegales
(milicias bolivarianas, colectivos armados, bandas delincuenciales); alianzas
entre sectores chavistas y guerrillas colombianas que desde los años ochenta
venían penetrando el tejido social, político e institucional de ambos lados de
la frontera; acuerdos o disputas guerrilleras entre las FARC y ELN y con las
Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL); búsqueda de nuevas rutas hacia
Estados Unidos, que llevaron a paramilitares (“Rastrojos”, “Urabeños”, el
“Loco” Barrera ‘Jabón’, mexicanos (“Zetas” y Sinaloa) y dominicanos a aliarse
con sectores venezolanos.
El acercamiento entre los gobiernos no revivió
las instituciones para la vecindad, pero permitió reconocer que se trata de
problemas transfronterizos que requieren actuación conjunta. Chávez admitió que
en la frontera “se interconectan contrabandistas con guerrilla, narcotráfico”,
y Santos llamó a tomar medidas de urgencia. Ambos revivieron los acuerdos de
lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión y el
secuestro, y lograron la comunicación entre ministros de defensa y seguridad.
En mayo de 2012 autorizaron una reunión entre los comandantes militares y de
policía, de división y de brigada de ambos países. Compartir información
permitió operativos conjuntos o coordinados que llevaron a la detención de
jefes paramilitares colombianos instalados en Venezuela.
Los gobiernos de Maduro y Santos tomaron
medidas anti-contrabando, pero fracasaron al no remover lo que lo causa y
alimenta, como fracasarán las medidas unilaterales de Maduro reducidas a la
militarización y el cierre de pasos fronterizos.
Alertas
internacionales
La ONU apoya la atención humanitaria en la
frontera, su Secretario General pide diálogo constructivo a los gobiernos, la
oficina de su Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina de
Derechos Humanos en Ginebra alertan por la expulsión de refugiados o
desplazados bajo protección y por la huida masiva de población. La Organización
Internacional de Migraciones (OIM) podría revisar las cifras de Maduro de cinco
millones 600 mil colombianos, en donde incluye varias décadas de migrantes, sus
hijos y varias generaciones de descendientes que se han nacionalizado, y podría
examinar su comparación con la situación migratoria que está viviendo Europa.
Los embajadores ante la OEA examinan la
situación el 31 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
expresa preocupación por “deportaciones arbitrarias, sin debido proceso y
colectivas”, pide parar la destrucción de viviendas y la violación de múltiples
derechos. Uruguay como presidente de UNASUR llama a parar “una escalada que no
sabemos dónde puede parar“, muestra sorpresa porque se deporte gente para
eliminar el contrabando cuando se necesitan salidas económicas, y convoca el 3
de septiembre a los cancilleres.
La Unión Europea, la Internacional Socialista,
Estados Unidos y organismos de derechos humanos de distintos países alertan
sobre los peligros de la situación. La Conferencia Episcopal Venezolana, como
su par colombiana, pide no fomentar la xenofobia y se solidariza con los
colombianos deportados.
Ojalá todas esta intervenciones ayuden a
des-escalar la crisis y a estimular la cooperación binacional.
*Cofundadora de Razón Pública.
28 Ago 2015 - 9:40 pm
Patrias de papel
EN MEDIO DE TANTO DISCURSO exaltado sobre la situación
que se vive en la frontera con Venezuela recordé un pasaje de El mundo de ayer,
uno de mis libros favoritos.
Por: Mauricio García Villegas
Allí cuenta Stefan Zweig que
cuando fue al frente de batalla, en 1915, se encontró con un grupo de
prisioneros rusos custodiados por soldados austríacos que se comportaban como
camaradas, a pesar de ser enemigos. Tuve entonces la convicción, dice Zweig, de
que aquellos hombres simples tenían de la guerra un sentimiento mucho más justo
que nuestros políticos, intelectuales y poetas: sabían que la guerra “era una
desgracia que se había abalanzado contra ellos y ante la cual no podían hacer
nada y que todos los que habían caído en esa desgracia eran como hermanos”.
Guardadas las proporciones, tengo
la impresión de que en la frontera colombo-venezolana pasa algo similar: los
pobladores que allí habitan no solo se sienten iguales, sino que perciben los
conflictos entre sus países como una calamidad.
Entre Cúcuta y Maicao existe un
gran mercado ilegal que se alimenta de la porosidad de la frontera. Se calcula
que allí hay unos 30.000 pimpineros que venden gasolina de contrabando, 6.000 de
ellos en Norte de Santander. El contrabando de productos básicos, para no
hablar de drogas ilícitas, no es menor. Por encima de estos cientos de miles de
comerciantes pobres y de ciudadanos que simplemente aprovechan la diferencia
cambiaria, operan las grandes mafias, que son más poderosas que los propios
Estados. Toda esta ilegalidad funcionaba con relativa tranquilidad hasta que
llegaron los problemas de desabastecimiento en Venezuela, originados en la
incompetencia del régimen chavista.
En medio de esa situación ocurrió
esta semana la expulsión despótica de los pobladores colombianos. La manera
como fue tratada esta gente merece por supuesto todo el repudio de la comunidad
internacional, del Gobierno y de la opinión pública. Esta es una prueba más de que
el socialismo chavista no defiende a los pobres en general, sino a los pobres
que lo apoyan. Los demás son tratados con barbaridad, peor aún si son
colombianos.
Pero también hay que entender que
lo ocurrido en la frontera no es un hecho aislado. Por el contrario, es algo
ocasionado por la incapacidad de los Estados para controlar el mercado mafioso
que prospera en buena parte de ese territorio. Por eso, no es que hoy tengamos
algunos problemas en la frontera, como dice la ministra Holguín; es que la frontera
misma es un problema: el de una región gobernada por dos Estados ineptos, uno
de los cuales promueve la xenofobia para esconder su propia insolvencia.
Es por eso lamentable que este
incidente, ocasionado por Nicolás Maduro y aprovechado políticamente por Álvaro
Uribe, esté sirviendo para fortalecer los discursos populistas de estos dos
líderes, ahora coreados por cientos de periodistas que quieren resolver el
asunto, entre la zalamería y la cólera, como si estuvieran en un reality.
Estamos a punto de romper relaciones diplomáticas y de que la mirada patriotera
se imponga. Así llegaremos a la paradoja de una frontera en donde dos Estados
fallidos (al menos allí) se pelean invocando sus respectivas patrias de papel.
A nadie beneficiaría más esa ruptura que al uribismo y al chavismo, dos
enemigos que, como sabemos, se fortalecen en la medida en la que se atacan.
Así pues, las víctimas de todo
esto son los habitantes pobres de la frontera, que durante décadas, por no
decir siglos, han vivido del contrabando, como parte de una misma cultura y de
una misma nacionalidad híbrida. Son ellos, como diría Zweig, los que mejor
entienden lo que está pasando allí: una desgracia contra la cual nada pueden
hacer.
La estrategia de Maduro
Pedro Medellín Torres
Mientras
Nicolás Maduro entregaba 590 taxis y 1500 buses (de fabricación china), antes
de iniciar su viaje a Vietnam y Beijing, en busca de más apoyo económico y
político, el Presidente Santos trataba de obtener el aval de sus colegas de la
región para encontrar una salida a lo que ahora se conoce como la crisis
fronteriza. Ese contraste, por lo menos, cambia el mapa de quienes creíamos que
el venezolano se estaba jugando una carta de guerra para contener la caída de
su imagen.
Es
cierto que las encuestas, como la del Ivad revelan que el 80% considera que la
situación de Venezuela es mala; 92,8% ha tenido problemas para conseguir
productos de primera necesidad; 87,9% no le alcanza el dinero para comprar lo
necesario para el hogar; 70% cree que la gestión de Nicolás Maduro es mala o
muy mala; 64,9% no tiene confianza en el gobierno nacional.
Pero
quienes imaginábamos a Maduro vestido de militar, vociferando en la frontera
contra los colombianos y su oligarquía, movilizando a sus compatriotas para
“defender la revolución bolivariana”, encontramos otra realidad. Basta ver los
periódicos o leer las columnas de opinión de gobiernistas y opositores, para
darse cuenta que el tema de la ‘crisis fronteriza’ está pasando más o menos
desapercibida para los venezolanos. Incluso, las declaraciones del
Vicepresidente en el sentido de reportar normalidad en la zona fronteriza o el
hacer chistes con que “gracias a Maduro, Santos va a gobernar en Cúcuta”,
buscan bajar el perfil de las acciones militares en la frontera. Los venezolanos
han percibido la frontera como un problema de combate a los paramilitares. Y
por aquí el tema es más probable.
El
gobierno de Maduro ha ido elevando el tema del paramilitarismo al de un asunto
de alta sensibilidad. Pese a que se ha tratado de acciones aisladas, lo cierto
es que para Maduro y su gente, los paramilitares si son una amenaza real para
el régimen bolivariano. Y según analistas venezolanos, con estas acciones del
gobierno está buscando, por una parte, eliminar cualquier posibilidad de apoyo
social a la acción de estos grupos armados. Esto es, que si los paras insisten
en sus acciones, quienes pagarán las consecuencias serán los colombianos que
residan (legal o ilegalmente) en ese país. Y por otra, debilitar la posición de
Colombia en el escenario regional al ponerlo como exportador neto de grupos
armados.
El
expresidente Samper, en su condición de Secretario General de Unasur, ha sido
muy útil a la estrategia venezolana. “Hace un año denunciamos el peligro de la
intromisión de paramilitares colombianos en Venezuela. Hoy se confirma que es
una realidad”, escribió el Secretario General en su cuenta de Twitter, el
pasado jueves 20 de agosto, cuando ya Maduro había cerrado la frontera, luego
de declarar un estado de excepción en los municipios fronterizos de Bolívar,
Ureña, Junín, Urdaneta, Capacho Libertad y Capacho Independencia del estado
Táchira.
Hasta
el momento, la estrategia venezolana parece estar ganando la partida. Ningún
gobierno de la región se ha arriesgado a condenar la acción del gobierno de
Maduro. Incluso la reunión “urgente” de cancilleres de Unasur se ha aplazado
hasta el próximo lunes 7 de septiembre. Si los países vecinos creyeran que lo
que está en juego es una crisis humanitaria en la frontera o que es urgente
detener la acción brutal de Maduro contra los colombianos en su territorio,
otro sería su proceder. Mientras, Maduro sigue aferrado al salvavidas que le
está dando el gobierno Chino, un respaldo que le va a garantizar su permanencia
en el poder por un buen tiempo.
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